La Justicia rechazó el pedido ambientalista para frenar la audiencia pública por la Hidrovía
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 desestimó la cautelar presentada por organizaciones ambientalistas que buscaban suspender la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para este lunes 3 de noviembre, en el marco de la licitación de la Hidrovía Paraná–Paraguay.
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
La jueza federal Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, resolvió rechazar la medida cautelar presentada por las organizaciones ambientalistas Fundación CAUCE, Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Las entidades habían solicitado suspender la Audiencia Pública Ambiental convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para el lunes 3 de noviembre, en el marco del proceso de licitación para la concesión y profundización de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay).
Los argumentos del reclamo ambientalista
Las organizaciones argumentaron que la convocatoria —realizada mediante la Resolución ANPyN N°48/2025— no cumplía con los requisitos de publicidad y acceso a la información previstos en el Decreto 1172/2003, la Ley General del Ambiente, la Ley 27.566 (Acuerdo de Escazú) y la Ley 27.520 de Cambio Climático
Según las demandantes, la ANPyN publicó más de 9.000 páginas en 25 documentos PDF, sin resumen técnico ni guías explicativas, lo que, a su juicio, impedía una participación ciudadana efectiva. También denunciaron falta de difusión en medios regionales y plazos insuficientes para el análisis de la documentación.
Pidieron por ello suspender la audiencia y cualquier acto administrativo derivado de ella hasta tanto se subsanaran los supuestos “vicios procedimentales”.
Los fundamentos de la ANPyN y el fallo judicial
La ANPyN respondió que se cumplieron todas las normas de convocatoria: publicación en el Boletín Oficial (2/10/2025), en dos diarios nacionales (La Prensa y El Cronista, 7 y 8/10/2025) y en medios regionales, además de la disponibilidad pública del expediente digital y el registro abierto de oradores.
La jueza coincidió con ese criterio. En su resolución, destacó que la agencia “ha cumplido prima facie con los requisitos formales y sustanciales del procedimiento participativo”, y que las impugnaciones ambientalistas eran de “carácter general”, sin demostrar una vulneración concreta de derechos o daño ambiental.
El fallo subraya que ya hay 96 oradores inscriptos, entre ellos el Defensor del Pueblo de la Nación, universidades, municipios, y entidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que refuerza —según la magistrada— el carácter participativo del proceso.
El contexto del proceso de licitación de la Hidrovía
La audiencia pública del lunes 3 de noviembre forma parte del procedimiento iniciado por el Decreto 709/2024, que habilita la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público mediante el Decreto 699/2024.
El encuentro busca poner a consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental elaborado por la Gerencia de Ingeniería Portuaria y de Vías Navegables de la ANPyN, paso previo a la elaboración de los pliegos de bases y condiciones de la futura concesión.
El sector agroexportador apoya la convocatoria
Desde el complejo agroexportador, distintas cámaras y entidades empresarias manifestaron su apoyo a la convocatoria de la audiencia pública, entendiendo que constituye un paso necesario para avanzar hacia una nueva concesión que aumente la profundidad de la Hidrovía y mejore la capacidad exportadora de la Argentina.
En definitiva, la resolución judicial despeja el camino para la realización de la audiencia pública ambiental convocada por la ANPyN, que se llevará a cabo de manera virtual este lunes 3 de noviembre a las 9:00 horas.
Será la primera instancia formal de participación ciudadana dentro del proceso de licitación de la Hidrovía, una obra considerada estratégica para el comercio exterior argentino.