El Gobierno publicó la primera reglamentación de la Ley Bases
Lo hizo en el Boletín Oficial de este lunes. Los aspectos centrales son la reorganización administrativa, privatizaciones, silencio administrativo, y reglamentación y ajustes.
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El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases mediante el decreto 695/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
Esta reglamentación introduce modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y privatizaciones de empresas públicas.
Privatizaciones
Se instrumentó el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El ministro o secretario de la Presidencia, bajo cuya jurisdicción se encuentre la empresa a privatizar, deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe detallando la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para la privatización.
Este informe debe incluir:
— El carácter total o parcial de la privatización y su fundamento.
— Las alternativas de procedimiento adecuadas.
— Las modalidades convenientes para materializar la privatización.
— El procedimiento de selección previsto y los plazos estimados para cada etapa.
— Propuestas para otorgar preferencias conforme al artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad de un Programa de Propiedad Participada.
Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso. Con la autorización del Ejecutivo, el funcionario podrá iniciar los procedimientos para la privatización.
El Gobierno especificó los pasos para convocar ofertas del sector privado. Antes de formalizar contratos derivados de estos procedimientos, la Autoridad de Aplicación deberá consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, y realizar un nuevo informe si la Procuración sugiere observaciones o modificaciones.
Empleo público
El decreto establece un nuevo sistema de ingreso al Estado y regula las desvinculaciones, despidos y reubicaciones de personal.
Para trabajar en el Estado, se deberá aprobar una "Evaluación General de conocimientos y competencias" anónima, diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación.
La máxima autoridad de la jurisdicción correspondiente verificará el cumplimiento de los requisitos y las normas éticas en el ejercicio de la función pública, consultando a la Oficina Anticorrupción si es pertinente.
Las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales cuando la función lo requiera. Ninguna designación podrá efectuarse sin el correspondiente certificado de aptitud psicofísica.
El desempeño del empleado será evaluado constantemente, y cualquier promoción estará sujeta a una nueva evaluación.
Se autorizan contrataciones ad honorem para servicios de asesoramiento, con derecho a reintegro de gastos. Las contrataciones serán por tiempo determinado y en plantas transitorias, especificando funciones, equiparación escalafonaria y duración. El personal en estos regímenes carece de estabilidad y sus contratos pueden rescindirse en cualquier momento.
Se creó el "Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad", estableciendo una escala de indemnización según la antigüedad:
— Hasta 15 años: 6 meses.
— Más de 15 hasta 30 años: 9 meses.
— Más de 30 años: 12 meses.
Las personas en esta situación percibirán un haber mensual equivalente a su retribución escalafonaria alcanzada, excluyendo otros conceptos remunerativos. La indemnización considerará las retribuciones hasta el pase a disponibilidad y los servicios prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional.
Los empleados con licencia por enfermedad, maternidad o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Aquellos próximos a jubilarse (dentro de 12 meses) serán reubicados transitoriamente.
Se fijó un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones, considerando actos como llegadas tarde, inasistencias y condenas judiciales.
Procesos administrativos
El decreto introduce cambios en los procesos administrativos de los organismos del Estado.
Los trámites de recursos, reclamos e impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos serán gratuitos, salvo excepciones normativas específicas.
Se establece el nuevo "Reglamento de Procedimientos Administrativos", otorgando a los adolescentes capacidad plena para intervenir directamente en procedimientos administrativos y contemplando los medios electrónicos como forma de notificación formal.
Este decreto solo reglamenta la primera parte de la "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", por lo que aún falta ultimar los detalles para la implementación de los demás títulos de la legislación. (Con información de Infobae)