Barrio Universitario: casi 20 años sin una normativa que permita construir

Mario Minervino

mminervino@lanueva.com

Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La decisión de la municipalidad de redactar un nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU), que se espera esté operativo el año entrante, abre una nueva expectativa en relación a disponer de una normativa aplicable al barrio Universitario, uno de los sitios dónde más superficie se construyó desde mediados del siglo pasado y que lleva casi dos décadas cerrado a todo tipo de construcción.

De hecho, en el plano de Bahía Blanca donde el CPU asigna una denominación a cada sector, indicando el tipo de construcción autorizada, Universitario aparece pintado de negro, marcando con contundencia que es una zona vedada para la construcción.

Durante la anterior gestión municipal se buscó avanzar “abriendo canales de diálogo con los vecinos”, pero todo quedó en las mismas condiciones.

Se mencionó —entonces— que resultaba “muy complejo y perjudicial” para la ciudad este tipo de situaciones derivadas de presentaciones judiciales de los vecinos o entidades fomentistas que, por la propia lentitud del sistema judicial, paralizan por años el normal desarrollo de un sector.

Es lo que ocurrió con los barrios Universitario, Napostá, Kilómetro 5, San Cayetano y Pacífico que, a partir de 2000, comenzaron a tener severas dificultades debido a la creciente cantidad de viviendas multifamiliares que derivó en el colapso de los servicios de agua y cloacas.

Se mencionó además, en particular en Universitario, que esa tipología edilicia quebraba el histórico perfil estético del barrio.

Buscando corregir esa situación, en 2011 el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 16214, introduciendo algunas modificaciones al CPU. Fue el inicio de un completo desajuste.

Un grupo de 21 vecinos presentó un recurso de amparo que derivó en la suspensión de la ordenanza hasta que la justicia resolviera “una cuestión de fondo” que fue la de no haberse realizado una audiencia pública previa a su sanción.

Cuatro años demoró la justicia en expedirse sobre el tema, con una sentencia que consideró que esa audiencia en realidad no era necesaria desde el momento que lo sancionado “mejoraba la situación de los barrios” y que hubo varias discusiones previas "con la participación de los vecinos y la sociedad de fomento”.

En esos cuatro años que la justicia tardó en expedirse todos esos barrios quedaron sin una normativa, porque el fallo estableció que hasta tanto tomara una decisión tampoco se podía volver al CPU anterior, con lo cual se generó un vacío legal que impidió la presentación de todo expediente de construcción.

Cuando finalmente se obtuvo el visto bueno para que entrara en vigencia la ordenanza mencionada, una nueva presentación ante la justicia, en este caso por parte de la sociedad de fomento del barrio Universitario y la biblioteca Daniel Aguirre, volvió a fojas cero todo lo actuado.

Desde entonces el expediente ha quedado quieto, no registra movimiento alguno desde hace dos años y nada pareciera que fuese a modificar ese estado.

El único cambio que hubo data de hace diez años. En 2014 los vecinos litigantes aceptaron el pedido del municipio de acotar su presentación judicial nada más a Universitario, con la condición de que en el mismo sólo se permita construir viviendas de hasta dos plantas.

El entendimiento fue posible a partir de que el municipio se comprometió a implementar una nueva norma para Universitario (delimitado por Estomba y avenida Alem, entre Perú y el Canal Maldonado), la cual no permitirá la construcción de edificios en altura. Sin embargo, esa visión no es aceptada por todos los vecinos.

Un importante porcentaje pretende que sí se admitan construcciones multifamiliares y manifiestan haberse visto afectados en el valor de sus propiedades o al pretender desarrollar emprendimientos de ese tipo.

En espera

Los colegios profesionales han señalado siempre lo inconveniente de que Universitario o Napostá tengan restringida la construcción, cuando se trata de áreas que cuentan con infraestructura educativa y sanitaria y con los espacios verdes mejor equipados.

Hoy en día no se tiene en claro si el nuevo CPU, que se busca tener disponible los primeros meses del año próximo, podrá poner punto final a esta situación y dar por terminada una situación tan insólita como perjudicial.

Será entonces una de las varias cuestiones que busca corregir o mejorar, entre ellas la tendencia de las últimas décadas de la ciudad de crecer en su periferia, generando una expansión urbana de muy baja densidad, un esquema que acarrea innumerables perjuicios para la idea de disponer de una ciudad sustentable y sostenible.

Aquel corralito

En noviembre de 2007, con el conflicto vecinal en auge, la municipalidad estableció la prohibición de todo tipo de construcción en Universitario por 90 días, en lo que dio en llamarse un corralito urbano, convencido de que, en ese plazo, podía hacer las adecuaciones necesarias.

Los recursos de amparo presentados por los vecinos dieron por tierra con esa intención.

Tampoco prosperó la idea de otorgar nuevos beneficios a quienes presentaran obras en sectores de la ciudad que, hoy, no son tenidos en cuenta. Es decir, alentar a los inversores a partir de generarles más rédito a sus emprendimientos.