Aumentan los operativos y recursos para combatir la “pornografía infantil”

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Marina López

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

Casi un centenar de allanamientos en 71 localidades de la provincia de Buenos Aires (7 de ellos en nuestra ciudad y la región), 18 detenidos y el secuestro de más de 600 dispositivos de almacenamiento y 230 teléfonos celulares fue el saldo de un amplio operativo realizado días atrás en el marco de la lucha contra las redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil.

En el marco de un panorama donde las causas han experimentado un crecimiento desde la pandemia a estar parte, el Ministerio Público Fiscal, con una política criminal orientada a combatir este tipo de delito, sumó herramientas y recursos humanos para llevarla adelante.

En el Departamento Judicial Bahía Blanca iniciaron durante el año pasado 39 causas por tenencia, distribución o producción de la mal llamada pornografía infantil, mientras que en lo que va de 2023 ya se han puesto en marcha 37.

“Este tipo de delito creció exponencialmente durante la pandemia, luego se estancó un poco, pero en término generales sí se produjo un aumento. De todas maneras, esta situación no necesariamente es el reflejo de un crecimiento del delito, sino que también hay más denuncias”, reconoció la directora del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Procuración, Eleonora Weingast.

La funcionaria también explicó que “antes la tenencia simple no era castigada, ahora de a poco nos vamos dando cuenta de que se trata de material de abuso sexual, no es una foto o un video, es un niño o una niña siendo agredida sexualmente”.

“Cada video, cada foto, es una agresión a alguien, me parece que como sociedad, a veces, nos disociamos de lo que vemos. Como que la imagen fuera un dibujo y no una persona que está siendo víctima en algún momento. Hay que tener en claro que se consume a alguien victimizando a otro”, siguió.

Datos vitales

Weingast describió también los diferentes recursos y fuentes de información que brindan elementos decisivos para el impulso de las investigaciones penales.

Desde hace casi una década trabajan con los reportes generados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés), que desde Estados Unidos monitorea y brinda alertas sobre el tráfico de material de abuso sexual infantil en las redes.

“Las distintas empresas de comunicación también se fueron actualizando y trabajando en la captación de los posibles ilícitos. Eso generó un cambio”, sostuvo.

Indicó que también se está utilizando un sistema de Estados Unidos denominado ICACCOPS, que es una  plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

De la misma forma, también se genera información en conjunto con el Centro de Información Jurídica del Ministerio Público mediante la base de datos del CPS (Child Pornography System).

También aseguró que hay una política criminal decidida en atacar el problema.

“Tener un área específica en una institución habla de una decisión clara de la importancia del tema”.

Acción y un mensaje

La responsable del área mencionó que operativos como el llevado adelante días atrás requiere mucha coordinación y trabajo con la participación de las distintas fuerzas y los fiscales.

“Teníamos algunas denuncias y se buscó cuáles eran aptas para el procedimiento, además de sumarse información sobre posibles delitos y las alertas de los sistemas utilizados. Podríamos decir que fue una operación ecléctica, que se juntó el material de distintos lugares”.

Agregó que “este tipo de trabajos hace que se pueda intervenir de manera preventiva respecto de otros delitos mayores y que se puedan ampliar investigaciones a partir de nuevas pruebas que se puedan encontrar en los procedimientos”.

Aclaró que la actuación no solo se limita a perseguir a los delincuentes, sino que también se puede asistir a los menores.

“A veces llegan reportes sobre niños o niñas que pueden estar siendo víctimas. En ese caso se puede intervenir y detener un delito que está en curso. Estas operaciones sirven para visibilizar.

Hay gente que a partir de esto denuncia, se da cuenta que está cometiendo un delito, o hay colegios que se interesan y piden charlas o capacitaciones”.

Reportes con información determinante 

Punto de partida. El fiscal Rodolfo De Lucia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, que entiende en la temática, destacó que los reportes y alertas generados por las distintas plataformas "son el punto de partida en la mayor parte de las investigaciones penales preparatorias".

Obligación. “Las empresas de Estados Unidos están obligadas a reportar cuando detectan alguna circulación de material de este tipo. Esos datos son enviados a los organismos que luego hacen llegar la información al país que corresponde la IP detectada. Es difícil saber a qué obedece un cambio en los números o el motivo de que haya una mayor cantidad de reportes”, indicó el representante del Ministerio Público.