"Néstor y Cristina eran socios de Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias"

Redacción de La Nueva.

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   Durante su alegato de apertura del juicio oral y público por la obra pública de Santa Cruz, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani señaló hoy -ante la atenta mirada de la vicepresidenta, a través de internet- que Néstor Kirchner y el hoy encarcelado empresario Lázaro Báez "amigos íntimos" y "socios comerciales".

   En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

   El fiscal señaló que todo comenzó a pocos días de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, en mayo de 2003, cuando Báez creó Austral Construcciones.

   “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz -sostuvo-. Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.

Los expresidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra y las relaciones entre todos es inocultable”, sostuvo el fiscal.

   “Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.

   Para sostener la relación de amistad de Néstor y Báez, Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordándolo que había declarado que había dicho “que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración.

   Luego Luciani, que acompañó su alegato con filminas, apuntó al resto de los acusados, recordando que Kichner llevó al gobierno nacional a funcionarios que habían trabajo con él en Santa Cruz en el área de Obras Públicas. Entre ellos, nombró a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; a José López, exsecretario de Obras Públicas; a Carlos Kirchner, extitular de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente, y a Nelson Periotti, extitular de la dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kichner, de 2007 a 2015.

   Para el fiscal, así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación; los expresidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra y las relaciones entre todos es inocultable”.

   También apuntó a que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, quien fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal.

   “Fue un mensaje nefasto para la sociedad y un claro conflicto de interés, más allá que se haya excusado de intervenir”, explicó.

"Entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares" 

   “Este ministerio público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, afirmó Luciani en el inicio de su exposición, que se extenderá durante nueve jornadas.

   “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, agregó.

   Luciani cuestionó a la Oficina Anticorrupción, que se retiró del caso, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la absolución de la exmandataria. Por lo tanto, la Fiscalía representa la única acusación.

   El pedido de condena para funcionarios suele estar acompañado con la inhabilitación --en muchos casos es de manera perpetua-- para ejercer cargos públicos. No obstante, para que eso ocurra una eventual condena debería quedar firme. Lo que implica la intervención, después del juicio oral, de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz

   En la hoja de ruta que trazaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2 --a cargo del debate--, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. Pero los fundamentos de esa decisión quedarían para el 2023 y recién ahí las partes pueden apelar para que las eventuales condenas sean revisadas por Casación y después por la Corte. Esos plazos judiciales exceden el cronograma electoral del 2023.

   En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

   Se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. Sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Los abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados, explicando que “es imposible demostrar la existencia de una organización criminal".

   Junto con Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

   Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.

   La UIF solo pidió condena para los funcionarios de Vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión. (Fuente: Infobae)