Analizan aplicar tareas comunitarias y multas para infractores de la cuarentena

Redacción de La Nueva.

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Por Mario Minervino / [email protected]

   La ley de cuarentena y aislamiento obligatorio establecida durante la pandemia por el gobierno nacional no puede ser discutida en cuanto a su necesidad, más allá de que sí pueda cuestionarse su extensión y que fuera el propio presidente Alberto Fernández quien la incumpliera.

   Pero quizás pocos imaginaban que la cantidad de incumplimientos a las restricciones impuestas fueran tantas que hicieran colapsar al sistema judicial al superar su capacidad operativa para llevar a juicio a las más de 100 mil actas labradas durante 2020.

   Bahía Blanca, según mencionamos en una nota anterior, se ubica segunda en el país con la cantidad de infracciones, llegando a las 11 mil actas, superada sólo por Mar del Plata, que sumó 15 mil.

   En nuestra ciudad los titulares de los dos juzgados federales coinciden en que la probation aparece como la salida más razonables, una alternativa que prevé un "resarcimiento a la sociedad" que puede ser económico o de trabajos comunitarios y evita llevar adelante todo el procedimiento judicial. 

   La manera de determinar el valor de la multa es considerada sin embargo más compleja. 

   “No es algo simple de ponderar desde lo económico porque no es fácil establecer el daño que causó cada conducta ante la pandemia”, señalaron a La Nueva. fuentes judiciales consultadas.

   Lo que sí es claro para las autoridades locales es que cualquier sea la salida elegida, la complejidad sigue existiendo frente a la cantidad de expedientes. En ese sentido, muchas de las causas ya están prescribiendo, al cumplir dos años antes de que puedan llevarse a juicio.

Trabajo, dinero, leche

   Varias comunas y gobernaciones del país están implementando distintas medidas para poner punto final a las causas abiertas por la cuarentena y que los sancionados no queden con antecedentes penales. 

   Rosario, por ejemplo, cerró las primeras 50 –sobre un total de 1.500-- a través de suspensión de juicios a prueba (probation), con resarcimientos económicos que ya suman 2,2 millones de pesos, dinero que fue destinado a efectores de salud pública. 

   En Neuquén se instruyó a los fiscales para que implementen también la suspensión de juicio a prueba, implementando el aporte de dinero a hospitales y entidades con fines sociales.

   En Concepción del Uruguay se instrumentaron multas de entre 30 mil y 100 mil pesos que se entregan al Hospital Urquiza de esa ciudad.

   La Justicia Federal de Córdoba se mantuvo más firme y dispuso la continuidad de las causas, por considerar que conductas que pudieron ayudar a propagar la enfermedad no pueden considerarse insignificantes, por lo cual apuntan a aplicar la pena correspondiente para ese delito, de entre seis meses y dos años de prisión.

   La justicia porteña, por su parte, lleva donado casi un millón y medio de pesos a hospitales, comedores y otras entidades mediante causas resueltas por probation.

   El Juzgado Federal de Necochea ya depositó 3 millones de pesos en la cuenta del Hospital Municipal, recaudado a partir de sanciones económicas a los vecinos imputados. 

   “Con este procedimiento finalizamos rápidamente los trámites judiciales, ahorrando gastos a la justicia y volviendo al Estado el recurso que debió invertir para poner en marcha estas causas”, explicaron las autoridades.

   Por último, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza estableció una medida distinta: decidió que las personas que violaron la cuarentena “donen, como mínimo, dos cajas o tarros de leche en polvo de 800 gramos”, las cuales serán entregadas a la Dirección General de Escuelas (DGE) y al Ministerio de Salud.

   “Tuvimos que tomar un baño de realidad porque era imposible llevar a juicio las 6.000 causas que tenemos. Las agendas de audiencias están saturadas con delitos más graves. Era eso o esperar la prescripción de la acción, que no parece lo más sano”, señalaron.

Historias

--La probation. La suspensión de Juicio a Prueba, conocida como “Probation”, permite a una persona imputada evitar el juicio penal si cumple las reglas de conducta que ordena el juez. Sólo se puede aplicar a delitos cuya pena no supere los 3 años de prisión y con consentimiento del fiscal. Se pueden ordenar tareas comunitarias, una reparación económica o una inhabilitación. Durante el plazo que se fije el acusado queda a prueba, si no cumple el caso va a juicio; si lo hace, la causa se cierra sin que quede el antecedente.

--La fiesta. El presidente Alberto Fernández es uno de los más destacados infractores a la ley que el mismo sancionó, teniendo una causa judicial por una fiesta de cumpleaños celebrada en la Quinta Presidencial de Olivos en pleno aislamiento obligatorio. El mandatario llegó a un arreglo judicial depositando tres millones de pesos en la cuenta del hospital Malbrán, dinero que incluye el acuerdo logrado por su mujer, Fabiola Yáñez. De esta manera ambos lograron el sobreseimiento de la causa.