Apenas 3 de los 15 procesados por la causa de “La Liga” llegan a juicio oral

Redacción de La Nueva.

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   Solo tres de los 15 imputados en la causa “La Liga”, una presunta banda que al parecer coaccionó y estafó a participantes en remates judiciales en Bahía y la zona, serán sometidos a debate oral desde este lunes.
   Los otros 12 procesados acordaron juicios abreviados y probation.
   En debate, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 analizará las conductas de Claudio Oscar del Valle, Rodrigo Emanuel García y Marcelo Alejandro Sansoe. Todos están en libertad. 
   El fiscal Gustavo Zorzano le atribuye a Del Valle (asistido por el abogado Maximiliano De Mira) los delitos de asociación ilícita agravada por considerarlo jefe u organizador, coacción y estafa procesal, estafa procesal y extorsión.
   A García (asesorado por Fabiana Vannini, defensora oficial), lo acusa de asociación ilícita, coacción y estafa procesal, estafa procesal, tentativa de estafa procesal y estorbo o impedimento de acto funcional.
   Sansoe llega a juicio imputado de estorbo o impedimento de acto funcional y tentativa de estafa procesal. Será asesorado por el abogado Marcelo Ciccola.
   Se presume que la banda hacía actos simulados en subastas judiciales, concretaban suspensiones intencionales de remates y ejercían coacción contra posibles competidores.
   Ni bien se publicaban los edictos judiciales, los “ligueros” investigaban la zona del inmueble a rematar y dialogaban con demandados y vecinos. También fingían peleas en los actos públicos al presentarse como referentes de distintos clientes.
   Los hechos se habrían cometido entre 2015 y 2018.
   El debate, a cargo de los jueces Daniela Castaño, Eduardo d'Empaire y Julián Saldías, se prolongará por unos 10 días.

Claudio del Valle está sindicado como uno de los jefes de la banda.

   En el último tiempo, Claudio Daniel Trabucco, sindicado como el otro líder de la organización; Vicente Domingo Ponce, Ricardo Gustavo Roldán y Néstor Horacio García (padre de Rodrigo) aceptaron el trámite abreviado a cargo del Criminal N° 2.
   Ponce, Sansoe, Roldán y los García (los tres últimos oriundos del conurbano) cumplían diferentes roles.
   Roldán, domiciliado en Ituzaingó, asistía a las subastas junto a los García.

Probation y abreviados

   A mediados de 2021, la Justicia ordenó la suspensión del juicio a prueba (probation) para otros imputados, con reglas de conducta, tareas comunitarias y resarcirmiento económico a las víctimas.
   Se trata de Alejandro Chotard, Soledad Moral, Juan Antonio Cerna, los abogados Hugo Jorge Fernández y Néstor Daniel Di Nardo, y Hernán Mahon. Todos evitaron el juicio.
   La probation (artículo 76 bis del Código Penal) se habilita en delitos con penas que no superen los 3 años de prisión.
   Con previo acuerdo entre las partes, el Criminal Nº 3 resolvió las medidas en favor de los nombrados.
   En el caso de Chotard, acusado de “estafa procesal” como “cómplice secundario”, y coacción y estafa procesal en concurso real en calidad de cómplice secundario”, se fijó un plazo de 3 años de suspensión.
   Deberá cumplir 300 horas de trabajos no remunerados “en favor del Estado o de instituciones de bien público” y abonar 10 mil pesos al damnificado, para reparar el daño causado.
   A Moral (coacción y estafa procesal en concurso real, en calidad de cómplice secundario), le impusieron 100 horas de tareas comunitarias y el pago de 5 mil pesos.
   Respecto de Cerna, la medida tiene vigencia por dos años y 6 meses, como autor de estorbo o impedimento de actos funcionales y estafa procesal en grado de tentativa.
   Durante ese período tendrá que trabajar 250 horas ad honorem e “integrar la suma de 7.500 pesos” como reparación.
   Al abogado Fernández  (tentativa de extorsión) se le suspendió el juicio por dos años y se le fijó un pago de 20 mil pesos de resarcimiento y 200 horas de trabajos gratis. Ofreció asesoramiento legal gratuito.
   A Mahon (extorsión como cómplice secundario) se le suspendió el juicio por un año, a cambio de 100 horas de trabajos comunitarios y abonar 5 mil pesos como reparación.
   Di Nardo (estafa procesal) tiene la obligación de cumplir 200 horas de trabajos no remunerados (también propuso su labor de abogado), más resarcimiento de 2 mil pesos.

La investigación incluyó múltiples allanamientos en esta ciudad y la región.

   Por último, los martilleros Jorge Carreiro y Carlos Sánchez (abuso de autoridad) acordaron juicios abreviados, con penas de 6 y 8 meses de prisión en suspenso e inhabilitación de 1 año y 4 meses para ejercer la función pública.

   La voluminosa causa, con más de 9 mil fojas, estuvo a cargo del exfiscal Sebastián Foglia, actual juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal.