Crisis del agua: confirman la cautelar pero sin la suspensión de las tarifas
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó parcialmente la resolución de una jueza en lo Civil de Bahía.
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La acción de amparo colectiva de vecinos de Bahía Blanca afectados por el deficiente servicio de agua potable fue confirmada en segunda instancia, aunque sin la suspensión de las tarifas como había resuelto una jueza bahiense.
La resolución fue dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata -articula con nuestra ciudad-, tras la apelación que había presentado ABSA.
Sí se dispuso el resto de las medidas cautelares definidas por la jueza en lo Civil y Comercial N° 2 de nuestro medio, María Selva Fortunato.
Esto es garantizar el suministro de agua potable a través de un programa de contingencia; habilitar y difundir una línea de atención telefónica y de mensajería, con atención y control permanente, debiendo cumplir con el requerimiento dentro de las 4 horas siguientes a la recepción del pedido y habilitar e informar a la población de la ubicación de los surgentes disponibles y en operación para su uso.
El fallo lo firman los jueces Diego Fernando Ucín, Roberto Daniel Mora y Elio Horacio Riccitelli, quienes consideraron el reclamo como legítimo, teniendo en cuenta que el partido de Bahía Blanca está en emergencia pública en materia hídrica.
El amparo colectivo lo había formalizado la abogada Sandra Vulich, como asesora de un grupo de vecinos que se arrogó la representación de los usuarios del servicio de Bahía Blanca en general.
Posible colapso
En la apelación, ABSA advertía que a esta altura del año el servicio está virtualmente normalizado y que la situación no es la del verano.
También expresaba que, de suspenderse el pago de tarifas, la prestación, que otorgan en Bahía y otras 78 localidades, podría sufrir un colapso, tras considerar que la sociedad no tiene fines de lucro.
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Sostenía que Bahía aporta el 13,56% de la recaudación total de ABSA, con una suma mensual de unos 60,5 millones de pesos, lo que equivale a casi el 80% de lo que la empresa gasta para nuestra ciudad.
De suspenderse las tarifas, se produciría un desfinanciamiento que arrastraría a un estado de cesación de pagos, alertaba.
Medida prudente
A diferencia de ABSA, la Cámara opinó que la problemática "no ha perdido actualidad" y que si bien las falencias suelen intensificarse en verano (por la mayor demanda), la crisis no debe entenderse como superada.
"No solo por la reciente declaración de emergencia dictada por la autoridad municipal, sino porque -como se dijo- estamos frente a deficiencias y contratiempos de carácter histórico, estructural y que afectan a los residentes del distrito desde hace varios años", sostuvieron los camaristas de Mar del Plata.
Sin embargo, rechazaron el punto de suspender las tarifas desde el 1 de enero, como había dispuesto la jueza Fortunato.
Reconocieron -sin adelantar juicio sobre el fondo de la cuestión- que sería imprudente por un lado imponerle a la concesionaria un plan de obras para garantizar la provisión de agua y, por otro, suspender la tarifa aplicable al universo de usuarios.
"Tal decisión podría comprometer incluso más la regularidad, continuidad y eficiencia de un servicio esencial que, como se dijo, ya se encuentra en un estado crítico", afirmaron.
Distintos sectores
De esta forma, los vecinos de los barrios afectados deberán pagar las facturas regularmente.
En el expediente figuran Los Chañares, Villa Bordeu, Don Ramiro, Altos de Bahía, Palos Verdes, Pacífico, Patagonia, Universitario, Amaducci, Kilómetro 5, Rucci, Comahue, Estomba y sector del microcentro.
También Patagonia Norte, Patagonia Chico, Molina Campos, Villa Harding Green, Stella Maris y Villa Don Bosco.
Por último, Villa Cerrito, Sánchez Elía, 9 de Noviembre, San Cayetano, Villa Floresta, Mi Casita, Cooperación, Latino, Villa Rosas, Villa Delfina y Piedrabuena y la localidad de General Daniel Cerri.