Desde CRA se celebra el proyecto legislativo sobre vandalismo rural

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que se han sumado ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias”.

   Este diagnóstico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) es la razón por la cual, desde la propia entidad gremial, se celebra la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en llevar adelante este tema.

   “En 2020 se ha reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables perjuicios a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha y agroquímicos, entre otros”, se indicó.

Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

   “Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica”, se agregó.

   También que “no hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha”.

   CRA considera que se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público.

Se prevé una pena mínima de 3 años y un máximo de 10, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.

   “Las leyes son las pautas de convivencia que nos otorga la República. Los delitos que no están tipificados en nuestro Código Penal no pueden ser pasibles de ningún tipo de sanción al respecto. Por ello, dados los cambios acaecidos en la forma de estos delitos, resulta imperioso que nos aboquemos a hacer las modificaciones que sean necesarias para brindar a la Justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública”, se comentó.

   Asimismo, que este proyecto propone una modificación necesaria al Código Penal, para que los mencionados delitos sean considerados como tales. 

   “Es así que el incendio y/o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y/o diferentes sitios y/o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales”, se dijo.

   Finalmente, que “una sociedad jamás puede crecer si no distingue a los hombres de bien de los delincuentes y, a éstos, los condena, conforme el daño que generan”.