Continuará preso un policía acusado de extorsionar a un compañero en Punta Alta

Redacción de La Nueva.

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   “La mayoría que está vendiendo, la está poniendo… porque yo soy el encargado de recaudar… todas las semanas a mi todos vienen y me dan”.

   De esa forma, en una conversación registrada con un teléfono celular a mediados de octubre del año pasado, un policía de Punta Alta le habría requerido a otro uniformado el pago de una determinada suma de dinero para poder continuar realizando tareas de cadetería y venta de bebidas fuera del horario de servicio.

   El acusado es Pablo Martín Lacaze, quien se desempeñaba en el Gabinete Técnico Operativo de la seccional Rosaleña y fue detenido poco días después de esa conversación.

   Tras la denuncia de la víctima en la fiscalía, los investigadores montaron un procedimiento encubierto y lo arrestaron junto a su presunto cómplice, luego de que el damnificado hiciera entrega de mil pesos en una esquina de la vecina ciudad.

   En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Penal, por mayoría de opiniones, rechazó una presentación realizada por su defensor y confirmó la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

   En las mismas condiciones se encuentra detenido Maximiliano Ezequiel Doreste. Ambos están sospechados del delito de extorsión agravada.

   Precisamente, el abogado José Manuel Sáez, representante de Lacaze, apeló la decisión de la magistrada, sosteniendo que la calificación legal resultaba incorrecta.

   Indicó que, más allá de la posición que guarda respecto a la imputación, se trataría de un caso de concusión (figura más leve que la extorsión).

   Agregó, entre otros fundamentos, que no existe peligro de fuga o entorpecimiento probatorio y que Lacaze no cuenta con antecedentes, por lo que debía recuperar la libertad.

Posiciones

   La postura del defensor fue aceptada por el camarista Pablo Hernán Soumoulou, quien analizó las pruebas reunidas en la causa a partir de la denuncia presentada el 26 de octubre del año pasado por un policía que cumple funciones en Bahía Blanca, pero vive en Punta Alta.

   La víctima mencionó que además de la actividad en la fuerza se dedica, fuera del horario de servicio,  a la venta de gaseosas, cigarrillos y cadetería.

   Dijo que para ello utiliza una moto y que, enterados de esa actividad, el personal del servicio de calle de la dependencia rosaleña le exigió la entrega de 4 mil pesos mensuales a cambio de no hostigarlo, pararlo o revisarlo.

   Señaló que el propio Lacaze le indicó “...acá hay que ponerla, todos los que trabajan acá en Punta Alta la ponen...”.

   Describió que 12 días antes, en horas de la noche, se entrevistó con el imputado en la esquina de Alvear y Saavedra y grabó la conversación.

   Mencionó también que en esa reunión Lacaze le manifestó que si quería seguir trabajando tenía que entregarle el dinero.

   Soumoulou analizó, entre otros elementos, la grabación y consideró que “estamos frente a un caso de concusión agravada y no de extorsión”.

   En contrapartida, los jueces Gustavo Barbieri y Guillermo Petersen coincidieron con la resolución de la jueza Promé.

   “Considero que los hechos que se imputan a Lacaze deben subsumirse en el tipo penal de extorsión agravada, en tanto se encuentra suficientemente acreditado que el coimputado ha obligado a la víctima a entregarle dinero mediante una intimidación directamente relacionada con el abuso de su cargo público, en tanto las consecuencias perjudiciales en las que apoyaba su exigencia ilegítima se vinculan a las potestades que poseía por su función policial”, expresó Barbieri, acompañado en el voto por su colega Petersen.

   Por ello, los camaristas , por mayoría, no hicieron lugar a la petición de la defensa y confirmaron la decisión de la justicia de Garantías respecto de uno de los detenidos a fines del año pasado en la comisaría puntaltense.