Internet: para Enrique Carrier, la competencia es el mejor regulador

Redacción de La Nueva.

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Francisco Rinaldi/frinaldi@lanueva.com

Para el especialista Enrique Carrier, la mejor forma de regular el mercado de Internet es fortalecer la competencia entre sus actores en lugar de fijar precios, tal como pretende el DNU firmado el viernes por el presidente Alberto Fernández.

Es que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que declara a Internet como servicio público, obliga a las empresas prestadoras a fijar precios “justos y razonables”, los que deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

“Un mercado en competencia no es un mercado desregulado. Todo lo contrario. Por esta razón, me parece que las regulaciones estatales deberían estar orientadas a generar competencia en aquellos segmentos del mercado donde la misma es insuficiente”, explica el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.

De acuerdo con Carrier, una de las implicancias más significativas del DNU es que se pasa de la fijación de un precio libre, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, a una tarifa regulada por una autoridad de aplicación, que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto, es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“Esto puede desalentar inversiones, porque en la medida que la tarifa regulada no cubra la ganancia, los costos operativos y la inversión, entonces, esta última se resiente”, acota. 

Pese a ello, las críticas que realizan los usuarios con respecto a la calidad del servicio de Internet son una prueba de que algo no funciona bien, aunque para el especialista, hay que tener cuidado con la interpretación de las mismas.

“Problemas van a haber siempre y una empresa con muchos abonados es más proclive a ser blanco de las quejas de los usuarios. Además, eso tampoco lo vas a resolver con un DNU”, señala.

“La competencia logra gran parte del trabajo, promoviendo baja de precios y ampliando calidad y cobertura. Eso no quiere decir que no haya situaciones que exijan regulaciones estatales, como por ejemplo, incentivar que los proveedores de Internet compartan infraestructuras, ya que en Argentina, cuando hay que tender una red, las empresas hacen cada una la suya, en lugar de aprovechar la existente, lo que redunda en mayores costos y precios finales”.

Destacó finalmente que el Gobierno también debería proporcionar incentivos, préstamos o subsidios para atender segmentos poblacionales o geográficos no alcanzados por el mercado, aspecto clave para reducir la brecha digital entre áreas de nuestro país.