Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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Según la UCA, el 44,2 % de los argentinos son pobres y el desempleo ya llega al 14,2 %

20,3 millones de personas no pueden acceder a todos los alimentos básicos, al sistema de salud y a la vivienda digna, dice el informe de la Universidad Católica Argentina.

   El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió el “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, que refleja aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de este año, indica Infobae.

   La proporción de la población en estado de pobreza —por no contar con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos y servicios públicos y privados— subió de 40,8 % en 2019 a 44,2 % ahora.

   La cifra comprende a 20,3 millones de argentinos, según la proyección al total de la población del país. En el caso del conjunto de los hogares, pasó de 32,1 % a 34,9 %. La brecha entre ambas proporciones responde a la mayor densidad demográfica en las familias de menores recursos.

   También subieron las cifras de desempleo. Según el informe, en el tercer trimestre de 10,6 % a 14,2 %. En términos de cantidad de habitantes significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.

   Ambos indicadores resultaron más altos que los anticipados por el Indec: 40,9 % pobreza en el promedio del primer semestre 2020 y 13,1 % desempleo en el segundo trimestre, principalmente por corresponder a “datos del cuatrimestre siguiente —julio a octubre—, y por efecto de ampliar la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística”, aclaró Agustín Salvia, director del ODSA.

   “Las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral, lo cual tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones”, resalta el trabajo de más de 250 páginas. La presentación final está prevista para febrero y marzo del año próximo.