El cepo laboral divide aguas

Pablo Wende

Hace cinco años que el mercado argentino no genera empleo. Y en los últimos meses se agudizó la destrucción de puestos de trabajo. Pero al igual que lo sucedido con las tarifas o el sinceramiento cambiario, la situación se explica mucho más por lo que dejó el gobierno de Cristina que por las medidas adoptadas desde que asumió Mauricio Macri.

La posibilidad de despidos estuvo latente durante todo 2015 en el sector privado. Pero hubo dos factores que llevaron a los empresarios a esperar: en primer lugar para evitar un choque con el gobierno kirchnerista con posibles represalias antes de las elecciones presidenciales. Y en segundo término la expectativa de un cambio político que redunde en una mejora de la actividad económica.

Pero el arranque del 2016 fue peor al esperado y la caída de la economía en el primer trimestre así lo demuestra. El bajón provocará que el año termine con un resultado negativo de por lo menos 1% que podría llegar al 2%, aún cuando en el segundo semestre se produzca una recuperación.

Desde el sindicalismo hablan de “ola de despidos” y realizarán una gran marcha exigiendo que las empresas le pongan un freno a esta tendencia, pero exigiendo además que el Congreso apruebe el proyecto que prohíbe despedir por un plazo de 180 días y además reinstala la doble indemnización. La oposición está divida sobre el tema, pero igual hay chances de que la iniciativa avance en el plano legislativo.

En el arranque del año, es cierto, hubo destrucción neta de trabajo. En parte generada por despidos del sector público y privado, pero en algunos sectores puntuales como la construcción (por la obra pública), automotrices (más bien suspensiones) y PYMES industriales, afectadas por la caída del consumo, la reducción de ventas a Brasil y el aumento de las tasas de interés. Otro sector que podría presentar problemas laborales en los próximos meses es el petrolero. Con todo, no se trata de una tendencia masiva ni generalizada, pero sí que podría aumentar los niveles de desocupación.

El gobierno aludió a estas restricciones que plantean sectores del sindicalismo y la oposición como un verdadero cepo laboral. Y lo equipara con el cepo al dólar. En 2011, ante la fuga de capitales creciente, se intentó con fuertes restricciones cambiarias para que no salieran más divisas. El resultado es conocido. No sólo continuó el drenaje por distintas vías, sino que además por cuatro años no ingresó una solo dólar al mercado local.

En el caso laboral se plantearía un escenario parecido, al menos desde la concepción oficial. Si las empresas no pueden despedir, en realidad lo que terminará pasando es que se negarán a tomar gente. Por lo tanto, la idea es cambiar esta lógica y apostar por una recuperación económica que genere empleo genuino.

Mientras tanto, se presentó en el Congreso una iniciativa para promover el empleo joven, con reducción de cargas impositivas para quienes incorporen nuevos trabajadores. El massismo tiene un plan similar, pero extendiendo el beneficio a cualquier incremento de la plantilla laboral. Se trata de incentivos que pueden funcionar, siempre y cuando la economía dé señales de recuperación.

La salida del default y el acceso al financiamiento externo, confían en el equipo económico, permitirá una rápida salida de la recesión. El proceso llegaría con una reducción de la inflación y por ende de la tasa de interés. Además, la puesta en marcha de un gran plan de infraestructura generaría una gran cantidad de empleo en la construcción. El círculo virtuoso se completaría con la creación de puestos de trabajo del privado. “Se nos acabó la paciencia”, dijo Pablo Moyano, uno de los principales referentes del gremialismo al anunciar la marcha del viernes. Y ése es el tema clave: cuánto tiempo más le darán a Macri para que pueda llevar adelante su plan obstáculos.