No prosperó el juicio político contra Ares

Redacción de La Nueva.

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 El jury de enjuiciamiento iniciado a partir de la denuncia formulada el año pasado por el jefe de los fiscales de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, no tuvo aceptación y la denuncia fue archivada.

 El tribunal se reunió ayer en el Salón Dorado del Senado provincial --dijo un vocero de La Plata que la audiencia se desarrolló en el marco de un llamativo hermetismo-- y desistió "in limine" de atender la acusación, es decir que directamente no la trató.

 Fernández imputaba a Ares de "usurpar" facultades de la fiscalía en algunas causas judiciales que tuvo a su cargo.

 Los conjueces abogados y legisladores que conformaron el jury (presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lázzari) decidieron, por unanimidad, que "los hechos tratados no resultan comprendidos en la jurisdicción del tribunal (artículo 27 primer párrafo de la ley 13.661)" y dispusieron "el cierre y archivo de las presentes actuaciones".

 En la resolución, a la que tuvo acceso "La Nueva Provincia", se aclaró que la cuestión tiene que ver con "el alcance y la aplicación" de la ley 13.433 (referida a la mediación en lo penal), que "en algunos de los casos analizados el fiscal cuestionó y en otros, no".

 "Tal desacuerdo, a nuestro criterio, debe encarrilarse por las vías naturales que el propio rito establece, no resultando el proceso de remoción el ámbito adecuado para discernir la aludida divergencia", explicaron.

 Es doctrina consolidada en el jurado de enjuiciamiento que las disidencias de tipo jurisdiccional "no justifican" el enjuiciamiento de magistrados, más aún cuando existen caminos procesales "que ya se han intentado y que aún no cuentan con sentencia firme", sabiendo que uno de los casos bajo análisis está a resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

 El jury estuvo integrado por los letrados Hugo Rubén Galderisi (Lomas de Zamora), Ricardo Arturo Fabris (San Isidro), Augusto Carlos Santi (La Plata) y Héctor Ricardo Martín (Trenque Lauquen); los senadores Jorge D'Onofrio (San Isidro) y Rubén Gustavo Oliva (La Plata); y los diputados María Elena Torresi (Lomas de Zamora) y Ricardo Lissalde (Saladillo).

 Inicialmente también había sido designada la senadora bahiense Diana Larraburu, aunque se excusó de intervenir.

Imputaciones. El jefe de los fiscales había acusado a Ares por la supuesta comisión de delitos dolosos en el ejercicio de sus funciones.

 Describió tres causas, iniciadas el 8 de julio y el 7 de octubre de 2008 y el 18 de noviembre de 2009, y dijo que en todas el juez por sí, ejerciendo la competencia que la ley 13.433 le otorga en forma exclusiva al ministerio público y en contra de lo dictaminado por la fiscalía, medió entre víctimas e imputados para encontrar resoluciones alternativas.

 También lo acusó de haber convocado a una conferencia de prensa para verter conceptos "falsos, injuriosos y descalificantes contra su persona".

 Ante el periodismo, Ares había considerado que la denuncia de Fernández tenía que ver con una cuestión de "enemistad personal" y que el fiscal general buscaba venganza tras las críticas que él le hiciera por su trato "autoritario e intolerante" sobre el personal del ministerio público fiscal.

 Las diferencias habrían comenzado en febrero de 2011, cuando el juez cuestionó al representante del ministerio público y al Colegio de Magistrados, institución a la que pertenecía Fernández.



Nada personal

 El fiscal general Juan Pablo Fernández, consultado ayer a la tarde por esta cuestión, dijo que no lo habían notificado y que tampoco tenían por qué hacerlo. "A lo mejor notifican directamente a la Procuración", afirmó. Preguntado si tenía opciones de apelar, respondió: "Siempre hay posibilidades de plantearlo, aunque no tengo interés en hacer de esto una cuestión personal".