Descubren estafas con terrenos por unos diez millones de pesos

Redacción de La Nueva.

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 Bajo la pantalla de una inmobiliaria conocida como Ciromax Group S.R.L., una organización integrada por entre seis y diez sujetos habría estafado, con la venta de propiedades ajenas, a no menos de 300 personas de nuestra ciudad y la región, por un monto que podría alcanzar los 10 millones de pesos.

 La investigación, que está a cargo de la DDI local y hasta el momento no arrojó detenidos, se originó hace unos seis meses y en la noche del miércoles tuvo su corolario la primera etapa, con la realización de un allanamiento en una vivienda del barrio Anchorena, donde se secuestró abundante documentación, que está siendo analizada.

 El operativo se practicó en el inmueble de Rincón 1673, donde vivía hasta hace algún tiempo quien --para la policía-- está sindicado como jefe de la gavilla y que habría llegado a defraudar hasta a sus propios suegros.

 Pese a que ayer el comisario mayor Héctor Hugo Mauriño --jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones bahiense y encargado de brindar, en conferencia de prensa, detalles del procedimiento--, no difundió los datos filiatorios de los involucrados, se supo, por otro medio, que el principal sospechoso es Rubén Ortega, de 50 años de edad.

 Así lo reveló, durante una entrevista con este diario, María Esther Albariños, su suegra y madre de Marcela Brian (42), quien también está siendo investigada por el caso.

 La mujer declaró públicamente que a ella y a su marido también los engañaron y confirmó que actualmente la pareja se encontraría viviendo en la ciudad chubutense de Trelew.

 En la finca que los sospechosos ocupaban en este medio (requisada por pedido de la fiscal Leila Scavarda y con orden de la justicia de Garantías), los efectivos incautaron los 300 boletos de compra y venta originales, así como bloques de formularios de uso notarial, documentación catastral, planos de la ubicación de los terrenos a la venta o vendidos de manera ilegal, tarjetas y panfletos publicitarios de la firma, entre otros elementos.

 "Nos vimos sorprendidos por todo lo que encontramos y también había material como para adulterar los sellos y fabricarlos, lo cual les permitía pedir determinada información a los organismos", explicó Mauriño a los medios locales.

 No descartó ni confirmó el vocero la posible intervención de algún funcionario en las maniobras, aunque recalcó que "ellos (por los investigados) tenían para confeccionar los sellos y, basta conseguir los nombres de cualquier abogado o gestor habilitado, para falsificar el sello y pedir informes de dominio en Catastro y no se los pueden negar".

 La maniobra se conoció a partir de la denuncia de una persona que le habría pagado a Ciromax Group por un terreno, a la espera de tomar posesión mediante la escritura, aunque esa contraprestación nunca se concretó.

 Mauriño confirmó que la inmobiliaria trucha funcionó, sucesivamente, en Washington 325 y en Alsina 240, primer piso y que contaba con un e-mail y teléfonos de consulta, entre los cuales figuraba el 154062892, que aparecía en algunos de los carteles de venta de lotes.

 "Establecimos la existencia de una empresa que aparentaba estar legalmente constituida, de una inmobiliaria. Uno iba y era bien atendido, recibido con un café, se le entregaba una tarjeta. No hacían sospechar que estaban haciendo una maniobra ilícita. En esto consistía el ardid. Tenían todo lo que puede tener una inmobiliaria, aunque, obviamente, adulterado", afirmó el comisario mayor.

 Sobre los integrantes de la organización, ratificó que "dos personas (por el matrimonio) eran los cabecillas; más otras cuatro personas que realizaban las tareas secundarias y hay cuatro empleados que están siendo investigados, porque pueden ser o no ajenos a este tipo de delitos".

Cómo operaban.

 Las estafas eran cometidas a partir de la publicación de venta, en distintos medios gráficos y mediante cartelería, de terrenos que no les pertenecían.

 "Establecían la falta de posesión sobre el bien, que tenía problemas de algún acto sucesorio, donde los herederos todavía no habían iniciado la sucesión y, en otros casos, eran terrenos fiscales, como de Vialidad y de distintos organismos municipales", sostuvo Mauriño.

 Los damnificados, según los primeros comentarios, habrían destacado la "habilidad" de los sospechosos para concretar las diligencias irregulares, teniendo en cuenta que "por lo que nos comenta la gente, parecía que ellos mismos estuvieran convencidos de lo que estaban haciendo".

 De esta manera, Ciromax habría comercializado propiedades a unas 300 personas, no sólo en distintos puntos de nuestra ciudad, sino también en Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Pehuen Co y Punta Alta.

 "Hablamos, aproximadamente, de 300 personas en principio. Hicimos una multiplicación, porque hemos visto boletos desde 10 mil hasta 40 mil pesos de entrega --y también una importante cantidad de vehículos que se han entregado en parte de pago-- y calculamos que (el perjuicio es de) entre 9 y 10 millones de pesos", expresó el jefe policial.

"Megacausa".

 La investigación motivaría "una megacausa", según explicó Mauriño, porque, además de las estafas, surgieron denuncias de usurpación, de parte de los reales dueños de las tierras y contra sus engañados ocupantes.

 "Hay terrenos que se han vendido y gente que ha esperado a tener la escritura para empezar la obra, otros que han empezado y algunos que han terminado su casa ahí. En algunos casos, incluso, ellos mismo les han construido, porque ofrecían el servicio de la casa construida en 90 días", explicó.

 Respecto de la difusión, Mauriño aclaró que "además de los panfletos, publicaban en las principales revistas inmobiliarias y también en el diario, como cualquiera, porque van y pagan los clasificados. El no tiene la obligación de determinar si la empresa está legítimamente constituida".

 "Ahora tenemos que hacer un análisis minucioso, separar cada uno de los boletos de compra-venta y armar una carpeta con cada uno de ellos. La idea es, a través de los medios, convocar a las personas que pudieran haber tenido algún tipo de relación con esta empresa, para que se presenten el lunes en esta DDI y poder recabar información e ir armando las causas en las cuales fueron damnificados", anunció.

 Finalmente, sobre la situación de los acusados, el jefe de la DDI advirtió que "todavía no pesa sobre ellos ninguna orden procesal, en virtud de que esto se secuestra ayer (por el miércoles)".

 "Con esto, lo que estamos seguros, es que esta organización no va a funcionar más acá; este es el mensaje que se quiere dar. En segundo sentido, queremos acreditar esto e invitar a la gente a que se presente acá, porque, sin el denunciante, va a ser difícil comprobar el daño", destacó Mauriño.


"El es de muchas palabras, te engaña"

 María Esther Albariños fue quien confirmó ayer a "La Nueva Provincia" la identidad de Rubén Ortega, como supuesto cabecilla de la organización.

 Y por supuesto que lo conoce bien; es su suegra y también fue su "víctima" hace casi dos décadas, según admitió abiertamente.

 "A nosotros nos engañaron. A mi esposo, cuando se jubiló, le dieron el retiro y él le hizo comprar tres autos. Uno se lo sacaron, el otro se lo pidió prestado para comprarse un terrenito e irse de acá y el otro lo vino a buscar, le dijo que tenía una fallita en el motor, lo chocaron y perdió los tres. El es de muchas palabras, te engaña", expresó la mujer.

 Afirmó que a su hija, Marcela Brian, Ortega "la maneja, le hacer firmar todos los papeles", aunque estimó que, después de tantos años, ella ya sabe que los negocios que tramitan serían turbios.

 "El vivía en White, los Ortega son conocidos allá. Ha estado preso, siempre por estafas, no mató nadie, siempre por estas cosas. Estuvo muy enfermo, le agarró un ataque al corazón y quedó con medio corazón inválido, por eso no consigue trabajo por ningún lado", dijo Albariños.

 También reconoció que nunca mantuvo con su yerno una buena relación, porque "siempre anduvimos a los tirones, y no sólo por lo de los autos, sino por otras cosas", citando un supuesto ardid por el cual le habría sustraido todas las herramientas a su marido, que es albañil.

 Informó la mujer que la pareja tiene tres hijos de 12, 16 y 19 años, mientras que Marcela es madre de otros dos jóvenes, de 22 y 23, que nacieron de una relación anterior.

"Salieron disparando".

 "El se fue de acá hace como cuatro o cinco meses, hacia el sur. Sé que está en Trelew y ella se fue hace un mes, aunque yo no estaba ni enterada de que se iba. Sí sabía que andaba mal con el marido y que salieron disparando de acá", manifestó.

 La vivienda que ellos ocupaban, ubicada delante de la suya, en Rincón 1673, quedó ahora al cuidado de otra hija de Albariños que, paradójicamente, es policía de la DDI local, la misma fuerza que investiga a Ortega y a su señora.

 Preguntada Albariños si el hombre siempre se manejó al margen de la ley, respondió que "sí".

 "A mi no me contaban nada, pero yo sabía, escuchaba. Con mi hija hablo, pero no quiere que le pregunte nada, me dice 'no te metas, son cosas nuestras'; siempre lo defendió a muerte", afirmó.

 También admitió que los reclamos de eventuales perjudicados por las distintas maniobras llegaron hasta su domicilio.

 "Acá vino un montón de gente, miles de personas, de problemas con los terrenos, con los coches. Y si él estaba, se hacía negar", aseveró.

 Por último, preguntada Albariños respecto de si estaba sorprendida por esta situación, respondió que "hace rato que venía todo esto; yo decía que iba a terminar mal, pero él tiene un abogado que siempre lo salva. Lo siento mucho por los chicos, nada más".





Hasta un hotel. Entre las propiedades ajenas que la inmobiliaria trucha habría vendido, figura "un hotel en Pehuen Co, que estaba abandonado desde hace un tiempo", según confirmó el comisario mayor Héctor Mauriño. En ese caso, los dueños de la propiedad "están en Buenos Aires", dijo.