LA JORNADA DEL 24 DE AGOSTO DE 2006 EN EL CONCEJO

Quiénes, cómo y por qué destituyeron a Lopes

18/4/2010 | 09:00 | Las recientes declaraciones formuladas por el ex intendente Rodolfo Lopes, quien denunció haber sido víctima de un golpe cívico-institucional, conducen invariablemente a aquellas jornadas de agosto de 2006, cuando el Concejo Deliberante dispuso separarlo del cargo. El hecho, sin precedentes en la historia local, fue decidido por 18 de los 24 concejales y tuvo en cuenta el dictamen de una comisión investigadora conformada en el seno del cuerpo deliberativo para analizar el desempeño de Lopes.


 Las recientes declaraciones formuladas por el ex intendente Rodolfo Lopes, quien denunció haber sido víctima de un golpe cívico-institucional, conducen invariablemente a aquellas jornadas de agosto de 2006, cuando el Concejo Deliberante dispuso separarlo del cargo.


 El hecho, sin precedentes en la historia local, fue decidido por 18 de los 24 concejales y tuvo en cuenta el dictamen de una comisión investigadora conformada en el seno del cuerpo deliberativo para analizar el desempeño de Lopes.


 Por entonces, y producto de la investigación judicial iniciada en el marco del denominado Bahiagate, el por entonces intendente había solicitado licencia.


 El pasado martes, tras conocerse el fallo del Tribunal de Casación que confirmó su sobreseimiento en la causa por presunto peculado y estafa iniciada en su contra, Lopes responsabilizó a un "grupo miserable" de políticos, funcionarios del Poder Judicial, empresarios y periodistas de haberlo destituido.


 Sin embargo, al margen del escándalo desatado por las escuchas telefónicas --ahora consideradas ilegales por Casación--, el ex intendente fue separado del cargo producto de las irregularidades detectadas por los concejales que formaron parte de la comisión investigadora, aunque obviamente pesaron la envergadura y gravedad de las acusaciones realizadas por el fiscal Gustavo Zorzano.


 "No hay duda de que esos hechos existieron y así quedó demostrado en el proceso investigativo y en la enorme cantidad de documentación que analizamos", había expresado durante la sesión del 24 de agosto de 2006 el radical Carlos Ocaña.


 Incluso Ocaña sostuvo que como prueba de la seriedad exhibida por la comisión, jamás se soslayó una eventual nulidad en el ámbito penal del Bahiagate, en alusión a un primer fallo del Tribunal de Casación que por entonces ya había tomado estado público.


 "Esta comisión lo analizó y, en su momento, dijimos que los actos que eventualmente puedan ser declarados nulos en el ámbito penal mantendrán su validez en el marco del proceso llevado adelante por el CD", expresó.

Los cargos formulados




 La presunta comisión de irregularidades en contrataciones administrativas y de personal, junto con el empleo indebido de bienes del patrimonio municipal y arbitrariedad en el otorgamiento de planes de empleo, fueron algunos de los cargos que la comisión investigadora le atribuyó a Lopes.


 El grupo de ediles concluyó que el ex funcionario incurrió en un sinnúmero de transgresiones a la Ley Orgánica de las Municipalidades y negligencias reiteradas que pudieron perjudicar el erario comunal.


 También valoró en su tarea tanto las actuaciones labradas en la causa judicial del Bahiagate como comprobaciones propias que incluyeron una importante cantidad de elementos, dedicándose a analizar las transgresiones que, a su entender, hicieron legal y políticamente inviable la continuidad de Lopes al frente del municipio.


  Sobre las irregularidades en las contrataciones administrativas, el informe aludió a un indebido fraccionamiento de obras viales para eludir la necesidad de efectuar licitaciones públicas y, en cambio, implementar contrataciones privadas.


 Estas irregularidades se advertirían, de manera fundamental, en el mejoramiento de calles de tierra, trabajos que, "sugestivamente", jamás superaron el límite de 212 mil pesos establecido por ley para convocar a una licitación pública.

Terminal de ómnibus




 El informe también aludió a la afectación de los principios de concurrencia y de igualdad de los oferentes en los pliegos de la nueva terminal de ómnibus, sospechando de una aparente confección "a medida" para favorecer a determinada empresa.


 Sobre este punto, la comisión investigadora señaló que personas ajenas a la administración municipal tenían el proyecto del pliego licitatorio, al tiempo que opinaban e intervenían en su redacción.


 La citada comisión incluyó también distintos puntos oscuros en las contrataciones con la empresa Ediba SRL, denunciando irregularidades en su inscripción como proveedora y en la contratación de publicidad oficial, sobrefacturación y supuestas entregas inexistentes de ejemplares de revistas.

Ingreso de personal




 Otro de los cargos enumerados consistió en manejos indebidos en la contratación de personal por parte del municipio, por cuanto no se habrían respetado las normas vigentes en tal sentido, nombrando personas en cargos de la planta comunal, con evidentes criterios personales o clientelistas.


 También indicó que desde la asunción de Lopes, en diciembre de 2003, ingresaron a la planta municipal alrededor de 300 personas, varias de ellas a último momento (poco antes del pedido de licencia) sin contar los más de dos mil programas de empleo local que se otorgaron.


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 El voluminoso informe consignó, además, supuestas irregularidades en el proceso que siguió a la recepción de 26 medias reses donadas, consignando que no se inició expediente administrativo alguno y su posterior reparto, con fines discrecionales para consumo humano, sin las debidas medidas de higiene y salubridad.


 
Bienes municipales



 Otro de los puntos analizados por la comisión giró en torno al uso indebido de bienes del patrimonio municipal, mencionado, entre otros, la cesión del automóvil oficial al intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús.


 También planteó supuestas irregularidades en torno a la telefonía celular, como el pago, con recursos comunales, de teléfonos de ex funcionarios y punteros políticos.


 Los concejales establecieron que durante la administración Lopes hubo una absoluta arbitrariedad y manejo irregular en el otorgamiento de planes de empleo y sociales, los que eran discriminados en función de necesidades políticas y no por la acreditación de necesidades del beneficiario.


 Además, aludió a la discrecionalidad en las designaciones de personal, todo ello en un marco que refleja una clara violación de la transparencia que debe reinar en la gestión pública y que, en opinión de los miembros de la comisión, tornan a Lopes no idóneo para la función que fuera elegido.


 Otro de los puntos cuestionados residió en el supuesto incumplimiento de la ordenanza de recuperación de deudas 12.633, por cuanto las obras a realizarse con esos fondos debían ser decididas por una comisión de vecinos y un porcentaje de los recursos obtenidos volcados en el sector de origen.

Lo que se dijo en el juicio político

* Carlos Ocaña (UCR)






 "... Es muy duro tener que aceptar que este hecho va a marcar la historia política local en sus páginas más negras y obscuras. Esta no es una farsa --en alusión a conceptos vertidos un día antes por Lopes--, es la realidad. Además, él no ha desvirtuado ninguno de los hechos imputados; todos están probados y su gravedad es palmaria. Siempre ha buscado cuestionar la legitimidad de la comisión investigadora y de las facultades de este CD para juzgarlo.


 "No estoy en condiciones académicas de debatir sobre la ley Orgánica de las Municipalidades, pero sí de sostener que Lopes ha efectuado graves transgresiones al ordenamiento jurídico y negligencias en el ejercicio de su función que importan un daño al erario municipal".

* Esteban Obiol (Frente Para la Victoria-PJ, ahora miembro del FPV).






 "Estos son los momentos en que se hace historia. Sepan hoy todos los que están aquí que la historia nos va a juzgar y podremos ser condenados o absueltos. Es por eso que nuestras opiniones deben ser serias y responsables.


 "El juicio técnico y experto, que posteriormente harán otros organismos de la Constitución, no puede nunca imponerse ni sustituir a este juicio político que este CD lleva adelante, pues nosotros somos los que tenemos la responsabilidad legal y moral ante la historia de nuestro pago chico.


 "Tal vez a Lopes lo absuelvan en el Derecho Penal, pero nosotros tenemos la obligación de aferrarnos a la ley Orgánica de las Municipalidades y eso fue lo que hizo este cuerpo. Para nosotros, Lopes ha perdido legitimidad en la función; también la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ha defraudado a la ciudad".

* Marta Castaño (Bloque FPV-"Eva Perón", ahora FPV-PJ).






 "Este no es un día de victoria para nadie, porque en estos casos pierde toda la ciudad. Los concejales no sólo deben cumplir con su deber al sancionar a aquellos funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones, sino protegiendo el interés público contra el peligro que supone que ese funcionario no conserve las condiciones mínimas para ejercer responsabilidades públicas. Por las conclusiones arribadas oportunamente y ahora es que voy a votar la destitución de Lopes".

* Fabián Lliteras, bloque FPV, ahora FPV-PJ.

"En su momento, pedimos cautela y responsabilidad. Dijimos que deberían esperarse los términos de la justicia y no nos hicieron caso. También dijimos que la conformación de la comisión investigadora vulneraba el artículo 242 de la Ley Orgánica de Municipalidades y no se nos hizo caso. Dijimos que, si bien este es un órgano político, debemos respetar la normativa vigente y durante todo el proceso investigativo se vulneraron derechos consagrados en la Constitución nacional, como el debido proceso y la violación de la defensa en juicio.






 "Se vulneraron todas y cada una de las pretensiones que Lopes presentaba para acreditar la inocencia que no debía probar, porque la Constitución dice que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario.


 "Votar la destitución del intendente Lopes implica basarse en situaciones absolutamente nulas, las cuales ni siquiera han sido corroboradas por documental acreditante en tal sentido. Casi la totalidad de los hechos que investigó la comisión investigadora son investigados en la Justicia Penal y, hoy, la Justicia dio un paso importante, al decir que la causa madre es nula de nulidad absoluta y por eso es nulo cualquier efecto que surja de ello".

* Elisa Quartucci (UCR).






 "Si bien este es un hecho que genera profunda tristeza, deja como balance positivo que las instituciones funcionaron, tanto las de la Constitución como, también, las comunitarias, las periodísticas y las políticas.


 "En esto no hicimos ni lo que quisimos ni lo que pudimos, hicimos lo que debíamos hacer. Ninguna decisión judicial va a poder hacernos olvidar lo que escuchamos en las escuchas ni lo que leímos en los expedientes".

* Andrés De Leo (UCR).






 "La ciudad ha vivido un proceso sin precedentes, ante el cual los concejales no pueden mirar para otro lado. El juzgamiento de la conducta del intendente, que se regula por la ley Orgánica de las Municipalidades, es, ni más ni menos que un juicio político, aunque la ley no lo defina en forma semántica, y allí descansa gran parte del principio republicano de gobierno".

* Julio Ruiz (FPV)






 "Considerar que un hecho puede ser histórico mientras se lo propicia es de una jactancia y de una soberbia tales que deben generar sospechas. Me parece repugnante que esta farsa estéril a la que estamos asistiendo sea presentada como un hecho histórico. Lo veo como algo propio de mentalidades poco saludables, de histéricas obsesivas, de sobreactuaciones lamentables y de un histrionismo poco serio. Esto de histórico no tiene nada, aunque puede vincularse con la larga cadena de golpes de Estado que asolaron el país.


 "¿Qué apuro había para llevar adelante esta cuestión, mientras aguardamos una resolución en relación al caso que nos ocupa? Cuando la Justicia se pronuncie, esto, más que histórico, será vergonzoso y peligroso, y no hará más que profundizar el abismo que separa la actividad política de la vida cotidiana".

Quiénes votaron la destitución


* Bloque UCR: Juan Pedro Tunessi, Carlos Ocaña, Virginia Linares, Aníbal Roig, Elisa Quartucci, Andrés De Leo, Griselda Domínguez, Aloma Sartor, Alberto Sangre y Roberto Ursino
* Bloque FPV-PJ: Esteban Obiol, Juan Leiva, Ana Civitella, René Bustos, Graciela Ovejero, Pablo Palacio y Mario López.
* Bloque FPV-"Eva Perón": Marta Castaño.

No
* Bloque FPV: Julio Ruiz, Fabián Lliteras, Marta Brusa, Máximo Acosta, Héctor Figueroa y Marisa Plano.

Una sesión particular

* De los siete oradores que tuvo la sesión, la mayoría de ellos evitó meterse en problemas "técnicos" describiendo cuestiones de la causa o haciendo apreciaciones sobre la reciente decisión de Casación en cuanto a la no validez de las escuchas, amparados en la falta de "formación académica" para hacerlo. Es que sólo Fabián Lliteras, quien sí lo hizo, tiene título de abogado.
* Quienes hicieron uso de la palabra destacaron el carácter histórico de la sesión, al tiempo de definirla como una circunstancia "trágica". Sólo Julio Ruiz desechó ese concepto (argumentando falta de perspectiva temporal para calificarla de tal manera), acusó a quienes así lo hacían de tener "jactancia y soberbia" y definió el acto como cercano a ser recordado como un "mamarracho".

El dato



















 17.42 fue la hora de aquel 24 de agosto en que quedó aprobado el decreto de destitución del intendente, acompañado por unos pocos aplausos y el inmediato retiro de todos los concejales. A casi seis meses de los allanamientos, el Legislativo decidía, por primera vez en la historia local, esa medida con un jefe comunal.





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