Kirchner recibió el proyecto para normalizar el PAMI

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (DyN) -- La interventora del PAMI, Graciela Ocaña, y el subinterventor, José Granero, entregaron ayer al presidente de la Nación el proyecto de normalización de la obra social de jubilados y pensionados.

 Al respecto, Ocaña señaló que la iniciativa apunta básicamente a mejorar la calidad de las prestaciones y "a eliminar la intermediación parasitaria" que anualmente le cuesta al Instituto alrededor de 540 millones de pesos.

 La nueva norma, que será a girada al Parlamento durante el transcurso del corriente mes, estipula un plazo de 120 días para la normalización del organismo, una vez sancionada la ley en el Congreso.

 Ocaña y Granero se reunieron en la Casa Rosada con Néstor Kirchner para presentarle la iniciativa y detallarle los principales puntos de su gestión al frente del organismo, que ya lleva casi tres meses, y las distintas medidas en marcha para producir el reordenamiento del área administrativa, pagos y compras del PAMI.

 En una conferencia de prensa que ofrecieron luego del encuentro, Granero precisó:
* "La nueva norma contempla la vigencia de un nuevo modelo prestacional".
* "Una reestructuración del personal que deberá llevar adelante el nuevo directorio de la obra social".
* "El manejo de los fondos del instituto a través del pago por fideicomiso".

 Por su parte, Ocaña remarcó que la nueva ley reformula el proceso de llamado a concurso de los prestadores con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y "eliminar la intermediación parasitaria".

 "Esa intermediación --indicó-- cuesta actualmente al PAMI alrededor de un 20% del total de los 2.700 millones de pesos que el Instituto gasta anualmente en prestaciones médicas, es decir, unos 540 millones de pesos".

 Asimismo, la interventora destacó las medidas adoptadas para mejorar el acceso de los beneficiarios a los servicios médicos y evitar las frecuentes demoras en los turnos, sobre todo en las especialidades de traumatología y cardiología, que son las más demandadas por los afiliados.

 En ese sentido, precisó que existe un acuerdo con la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el cual los turnos son otorgados vía telefónica al beneficiario "en un plazo de 48 horas, con una demora no mayor de siete días".

 Entre los puntos salientes del proyecto se destaca:
* El PAMI estará a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional integrado por ocho directores: dos en representación de los beneficiarios, dos por los trabajadores activos y cuatro en nombre del estado.
* EL DEN deberá realizar, en un plazo de 180 días, un censo integral de los empleados del Instituto para llevar adelante la reestructuración del personal.
* Los directores durarán cuatro años en sus cargos pudiendo ser reelegidos una sola vez, a excepción de los designados por el PEN que durarán mientras se extienda el mandato de quien los haya nombrado.
* La nueva norma establece que el directorio creará para cada contrato, cuando lo considere necesario, fideicomisos con el Banco Nación; elaborará el planeamiento estratégico bienal del Instituto; fijará un presupusto anual y un régimen de sanciones para los prestadores de servicios y realizará una reingeniería de los recursos humanos.
* Los ingresos y ascensos del personal serán a través de concurso de oposición y antecedentes, mientras que los gastos administrativos y de funcionamiento no podrán exceder el 8% del total de sus recursos.
* El PAMI desarrollará sus actividades sobre la base de una descentralización operativa de tareas, previéndose la creación de unidades de gestión local para conformar la red prestacional necesaria para la implementación del modelo de gestión asistencial.
* El organismo funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa.
* Deberá organizar su modelo prestacional en base a criterios de solidaridad, ecuanimidad y equilibrio, procurando garantizar un nivel de carácter universal para los beneficiarios.
* También se propone la creación de la Sindicatura General del organismo, a cargo de un funcionario designado por el PEN, que fiscalizará y controlará todas las operaciones administrativas, contables, financieras, patrimoniales y técnicas de la entidad.
* En cada unidad de gestión local se creará un consejo asesor de tres miembros elegidos por el voto directo de los beneficiarios.

 Por último, se pondrá en marcha un Consejo Federal del Instituto que estará integrado por siete representantes de acuerdo a las jurisdicciones en las que se estructura la entidad. Los consejeros serán elegidos en cada región por los consejeros asesores locales.