Dudas sobre la forma en que murió un maleante
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El representante legal de la familia de Walter Gómez, un joven delincuente abatido por la policía el 24 de octubre de 2002, en medio de una persecución, presentó ayer ante la Cámara Penal local, los resultados de una pericia de parte, de la que se desprendería un virtual "fusilamiento" del individuo.
El abogado Miguel Angel Asad, en compañía del perito Roberto Jorge Locles, se presentó en el tribunal para realizar un informe in voce sobre los fundamentos de su pedido de revocatoria al sobreseimiento dictado por la juez de Garantías Nº 1, doctora Gilda Stemphelet, a los tres policías involucrados en el caso.
"Vamos a mejorar los fundamentos en agravio de la apelación que ha sido concedida ante la Cámara Penal, esperando su resolución acerca del sobreseimiento. Confiemos en que no se mantenga y se siga la investigación como corresponde, para determinar fehacientemente si aquí, como determinaron los estudios del doctor Locles, hubo un fusilamiento o sucedió otra cosa", dijo Asad.
Agregó que "cuando dictó la orden de sobreseimiento, la señora juez no sabía que estaba ofrecida esta prueba. Después, cuando le pedimos que lo anulara, ya conocida la existencia de la pericia propuesta, se mantuvo en la posición".
En cuanto a la posibilidad de cambiar la carátula del expediente, el abogado expresó que el primer paso sería obtener la revocación del sobreseimiento, para luego poner realizar una serie de medidas, las cuales no adelantó.
El tiroteo.
Según dijeron fuentes policiales tras la muerte de Gómez, el operativo se gestó cuando personal del Comando de Patrullas procuró interceptar, para su identificación, a este individuo y a un menor, quienes se desplazaban en una moto.
La persecución se había iniciado cuando, supuestamente, Gómez y el adolescente trataron de eludir el control, en inmediaciones de Villa Serra, y había concluido cuando los ocupantes del rodado menor perdieron el equilibrio y cayeron en un zanjón, produciéndose allí la captura del adolescente.
Según la versión policial, Gómez corrió y se internó en un patio, mientras efectuaba disparos hacia sus perseguidores, con un arma calibre 22.
El incidente concluyó cuando Gómez fue alcanzado por las balas de la policía y se desplomó sin vida, bajo un tendal de ropa, en el patio de una vivienda en Islas Orcadas y Granada.
"De rodillas o agachado".
Mientras tanto, y aclarando que se basó en los estudios existentes, el perito Roberto Jorge Locles afirmó que Gómez habría recibido el disparo mortal desde muy corta distancia.
"La pericia en general no es difícil y el secreto pasa por observar. En este caso, me basé en los elementos que hay en la causa y no aporté nada nuevo; sólo me tomé el trabajo de interpretarlos", dijo, quien es presidente de la Asociación Criminalística Argentina y titular de la cátedra de Criminalística en la Universidad de Lomas de Zamora.
"Esto es importante porque, a pesar de ser perito de parte, no estoy agregando nada como para, como se dice en el lunfardo, 'embarrar la cancha'", agregó.
Mencionó que en el análisis realizado sobre las prendas de la víctima, se halló un chamuscamiento en los bordes de los orificios de entrada del disparo, lo que indicaría que el balazo fue efectuado a "boca de jarro".
Dijo que es imposible que los tiros se hayan efectuado desde unos quince metros de distancia, como se habría declarado.
"No me baso en las declaraciones, porque son falsas, ya que hay mucha subjetividad. Me apoyo en los hechos científicos. El médico forense dice que en el disparo hay un ángulo de incidencia de cuatro grados; si el orificio de entrada se encuentra a 1,20 metros de altura, al bajar esos grados, quiere decir que una persona, ubicada a 15 metros, tiene que estar subida al techo de una casa para poder disparar esa trayectoria", aseguró.
"De acuerdo con los cálculos matemáticos, el chico estaba de rodilla o agachado cuando lo fusilaron. Las pericias dan que el arma estaba apoyada en la ropa de la víctima, siempre basándonos en los exámenes periciales desarrollados sobre las prendas", concluyó Locles.
Audiencia con fiscales
El Juzgado de Garantías Nº 1 citó para el próximo lunes a las responsables de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 y a Jorge Simoni, a una audiencia donde se tratará el pedido elevado para que las fiscales Claudia Inés Lorenzo y Leila Scavarda, se aparten de la causa en que se investiga el atentado sufrido por el jefe comunal de Villarino, el pasado 9 de marzo.
La reunión, programada a las 9, por la doctora Gilda Stemphelet, se realizará en el marco que establece el Código Procesal Penal bonaerense, y en ella Simoni materializará la recusación.
"Se ratificará la prueba. Vamos a reiterar el relato que le hizo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a Simoni, de acuerdo con unas manifestaciones que anteriormente le había hecho al primero el por entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Raúl Rivara, donde indicaba que Simoni tenía un serio problema con la justicia bahiense", adelantó el doctor Héctor Bertoncello, abogado del jefe comunal.
El letrado no descartó que, en un futuro, se pueda requerir el testimonio del ministro Fernández respecto de los comentarios que le habría efectuado a Simoni.
"Aunque no se lo cite personalmente, se le puede enviar un escrito para que responda por oficio", agregó.
Bertoncello dijo que la llegada del caso a la justicia de Garantías, se ajusta al cumplimiento de los pasos procesales.
"Yo había dicho que, en un principio, no se habló de recusación sino de un pedido para que se apartaran de la causa; la fiscalía entendió que se trataba de un pedido de recusación y ahora iremos a la audiencia y lo vamos a manifestar", señaló.
Agregó que "el intendente está de acuerdo en ratificar la solicitud de apartamiento de esa unidad fiscal de la causa".