Prescindencia
Una antigua tradición republicana manda que el presidente debe gobernar para bien de todos los ciudadanos. Cualquiera sea el sector que lo ha votado, o lo ha elegido, para jefe del Estado, su obligación consiste en la más estricta imparcialidad entre éste y los restantes de la sociedad.
Es una norma no siempre acatada, pero nunca desafiada abiertamente. Fue preciso llegar a Perón para oír desde la presidencia de la República su negación sin reatos y en términos brutales: "Para los enemigos, ni justicia". Muy distante, por cierto, de aquella regla de un auténtico estadista, Marcelino Ugarte, quien decía con algo de picardía, pero sin faltar a la verdad: "A los enemigos, la justicia".
El actual presidente, Néstor Kirchner, prometió también ese gobierno "para todos" y en los términos más enfáticos. Sin embargo, en sus primeros pasos como gobernante, comenzó a marchar por el camino opuesto. Apenas anunciada la elección de Tierra del Fuego, mandó a dos de sus ministros a apoyar las pretensiones de quien, a la postre, resultó perdedor.
Ahora, en la Casa Rosada, corre un rumor muy verosímil, conforme al cual y de acuerdo con lo que allí se llama "construir poder", sería el propio presidente quien haría a las provincias "visitas institucionales", pero, casualmente, en tiempos electorales.
Sería un grave error, y no solamente si vuelve a perder. Significaría que cualquier recurso, cualquiera de esos supuestamente abominados "pactos" es bueno, cuando favorece el propósito de acrecentar el poder del presidente, para después usarlo a discreción, como en Santa Cruz.