Ninguna crisis política se resuelve en soledad

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

La poca sensibilidad social del Gobierno nacional ante las consecuencias de una economía que parece incapaz de despegar para los ciudadanos de a pie, sumada a las crecientes investigaciones judiciales sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se transformaron en el centro de la conversación pública.

Para peor, el oficialismo se posicionó desde su creación en 2023 como patrón de la "moral como política de Estado", una figura que claramente comenzó a deshilacharse en los últimos tiempos, en medio de un creciente descontento social por la combinación de bolsillos vacíos y denuncias de corrupción, potenciando el ya existente proceso de divorcio entre la sociedad y la dirigencia. 

La coyuntura política empujó al propio presidente Javier Milei a reconocer el “duro” momento económico y pidió tener “paciencia”. La inflación lleva 10 meses seguidos en alza y esos números no eximen al relato libertario de cualquier reproche severo.

En ese contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió profundizar sus diferencias con un modelo económico mileísta que parece mostrar síntomas de  desgaste. 

Tal vez por eso insiste en repetir sus críticas a la  Casa Rosada por la profundización de la poda de recursos de fondos que le corresponden al Estado bonaerense, a la vez que también ensaya una convocatoria a la construcción de una fuerza electoral alternativa “que genere esperanza” ante el actual gobierno libertario. 

Ese llamado busca puntos de acuerdo entre el PJ y  otras agrupaciones afines, con vistas a su eventual candidatura presidencial para el año próximo, siempre y cuando logre sobrevivir a la asfixia de recursos financieros que le impone Milei.

En líneas generales, afirman en las diagonales, la apertura al diálogo entre actores de la oposición resulta positiva ya que ningún partido político por sí solo está en condiciones de solucionar la crisis económica y social que atraviesa el país, como suele repetir el exministro radical Federico Storani. 

No es la primera vez que el Gobernador y el histórico referente alfonsinista comparten diagnósticos durante largas charlas sobre el campo nacional y popular, aunque siempre estableciendo como límite las políticas que impulsa Milei junto a sus socios minoritarios del PRO.

El Gobernador, en tanto, tiene un ojo puesto en esas conversaciones, pero el otro se mantiene fijo sobre la interna peronista. “No nos puede volver a pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”, lanzó como mensaje encapsulado hacia la conducción de La Cámpora. Esas declaraciones se dan en un contexto de hostilidades permanentes entre el sector que responde a Kicillof y el kirchnerismo duro.

Por cierto, también mantiene canales de diálogo abiertos con distintos referentes, como Sergio Massa, en medio de un indestructible escenario de reconfiguración del tridente oficialista de Fuerza Patria. 

El reciente reparto del "Fondo Municipal” -una asistencia por $13 mil millones para la totalidad de los municipios como “recursos no reintegrables y de libre disponibilidad”- no sólo les permitirá a los 135 intendentes bonaerenses afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios y aguinaldos, sino que también parece ocultar algún factor de la pulseada interna.

En ese contexto, no deja de cuestionar la paralización de trabajos de infraestructura vial y de los fondos destinados a obras hídricas dispuesto por el plan libertario de ajuste fiscal. Además ante su módulo económico liderado por el ministro Pablo López, hace una suerte de revisión quirúrgica de las partidas presupuestarias.

Dentro de la Gobernación de calle 6 también existe natural preocupación por el crecimiento de la pobreza real, en un marco de confrontación política cada vez más explícita con la administración de Milei. 

Por estas horas, Kicillof está emprendiendo el viaje de regreso de su gira oficial por España donde no sólo paseó su perfil presidenciable, sino que durante la foto internacional se trazó otro objetivo extra: buscar fuentes de financiamiento alternativas para reforzar las inversiones productivas en la PBA.

Y así como viene pidiendo respaldo a legisladores e intendentes de todos los colores, también reclama el apoyo explícito del Poder Judicial bonaerense en el reclamo de fondos a la Nación para sostener la posición de la Provincia en los planteos judiciales. 

En paralelo, y si bien todo depende del avance de negociaciones dentro de la Legislatura, la cobertura de las vacantes que lleva años sin resolverse en la Corte bonaerense ante la fragmentación de la oposición y la volatilidad de los acuerdos, lo que termina condicionando cualquier intento de avanzar con esos nombramientos frente a un escenario donde el oficialismo necesita consensos y mayorías especiales.

La postura del propio Gobernador abre nuevos interrogantes y pone en duda aquel anuncio del ministro de Justicia, Juan Martín Mena, cuando había puesto la fecha de “antes de fin de año” para completar una Suprema Corte que, en la actualidad, funciona con solo tres de sus siete integrantes, tras una serie de jubilaciones, renuncias y fallecimientos que redujeron su composición.

Esa situación, si bien no paraliza su actividad, limita su capacidad. Es un escenario complejo para el Gobierno bonaerense ante la acumulación de conflictos que atraviesa todo el ámbito judicial: crisis edilicia, problemas de seguridad y recomposición salarial, entre otros puntos.

Desde el Ejecutivo remarcan que ya hubo avances en la cobertura de cargos judiciales, con cientos de designaciones realizadas en el último tiempo. Sin embargo, el caso de la Corte presenta mayores dificultades por “negociaciones políticas”.