El Grooming: el mal en las redes

Redacción de La Nueva.

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Cada 13 de noviembre se cumple en nuestro país el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, palabra sin traducción al castellano pero con un significado claro y conocido: una forma de acoso y manipulación en línea en la que un adulto se gana la confianza de un menor para explotarlo sexualmente.

En 2013 se sancionó la ley que tipifica esta práctica como un delito, el cual se castiga con entre seis meses a cuatro años de prisión.

La existencia de esta fecha en particular sirve para poner énfasis en la importancia de generar conciencia y promover la protección de los menores en internet.

Porque además de enfrentarse a una práctica perversa, es una problemática en crecimiento, a la cual está expuesta toda una franja de menores que tiene un uso diario de las redes sociales.

La modalidad es que un adulto se gana la confianza de un menor, sea mediante la obtención de contenido íntimo o a través de un encuentro presencial.

Al igual que ocurre, por caso, con las estafas virtuales, son prácticas que no sólo van en aumento sino que mutan de manera continua y sacan cada vez más provecho de los avances tecnológicos.

Con la dificultad además que esos avances son tan dinámicos que en muchos casos encuentran un vacío legal que lleva tiempo encauzar antes de sufrir sus consecuencias.

La ley que pena el grooming está íntimamente relacionada con nuestra ciudad. Lleva el nombre de Micaela Ortega, la niña de 12 años de edad que en 2020 fue víctima de esta práctica, engaño que además tuvo el más luctuoso de los finales. 

Hablar de este delito es una urgencia cívica, porque en la vida digital conviven amistades, escolaridad, ocio, trabajo y muchas zonas de riesgo, sobre todo para menores que acceden a territorios sin fronteras claras, donde la confianza puede ser manipulada y la intimidad vulnerada con una velocidad a veces difícil de imaginar.

Instalar el tema significa mucho más que mencionarlo. Implica que las escuelas lo incorporen como parte de la formación; que las familias hablen sobre el mundo digital; que el Estado consolide políticas públicas y que las plataformas digitales asuman también sus responsabilidades.