Retenciones: ¿de qué manera el esquema frena la competencia frente a un mundo que subsidia?
Desde la Fundación Producir Conservando se marca la cancha: la Argentina es una excepción global en su política de extracción de recursos.
Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.
En el actual mercado global de granos y alimentos, los productores agropecuarios no solo compiten con el clima y con la tecnología, sino también con las políticas públicas de sus respectivos países.
Mientras que las principales potencias agrícolas del mundo diseñan estrategias para blindar y potenciar a sus sectores primarios, la Argentina se destaca como una excepción global por su política de extracción de recursos (por decirlo de un modo formal).
Un análisis detallado basado en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), difundido por la Fundación Producir Conservando (FPC), precisa que, mientras el mundo desarrollado inyecta capital para dar estabilidad, el esquema de nuestro país actúa en sentido opuesto, lo que conlleva a una menor competitividad al productor local.
A partir de las retenciones, el caso argentino es paradigmático en todo el planeta. Pero, como sea, vale establecer las comparaciones para conocer cómo funciona todo.
Para entender la magnitud de esta diferencia, es necesario observar el Producer Support Estimate (PSE), un indicador desarrollado, justamente, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El índice mide qué porcentaje de los ingresos brutos de un productor proviene de transferencias generadas por políticas públicas, incluyendo subsidios directos, sostenimiento de precios y protección comercial.
Más allá de las presunciones, los resultados para el período 2021-2023 son contundentes:
—Unión Europea: los productores reciben un apoyo adicional de entre el 15 y el 20 % de sus ingresos.
—Los Estados Unidos: el respaldo estatal ronda el 10 %.
—Australia: reciben un apoyo cercano al 3 %.
—La Argentina: presenta un PSE negativo de —13,7 %.
Esto significa que, mientras un productor europeo ve incrementados sus ingresos por la acción del Estado, el argentino percibe, en promedio, un 14 % menos de lo que obtendría con precios internacionales debido a las políticas vigentes.
En los Estados Unidos, la política agrícola no busca simplemente conceder recursos económicos, sino gestionar el riesgo y fomentar la inversión.
Los mecanismos de apoyo son variados y robustos:
—Seguros agrícolas: el Estado subsidia entre el 60 y el 70 % del costo de las primas, permitiendo que el productor esté protegido ante adversidades climáticas o de mercado.
—Compensación de ingresos: existen programas específicos que se activan ante caídas bruscas de precios o ingresos, garantizando la continuidad de la explotación.
—Inversión en el futuro: el apoyo estatal se manifiesta también en créditos blandos y una fuerte inversión pública en investigación, extensión e infraestructura, lo que asegura una innovación constante.
En años de crisis extrema, este apoyo, que normalmente es del 10 %, puede incrementarse —según la Fundación Producir Conservando—significativamente para evitar el colapso del sector.
La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) continúa siendo el sistema de apoyo más importante a nivel mundial. Para un productor europeo, los beneficios estatales son una parte estructural de su negocio, llegando a representar entre el 30 y el 60 % de su renta neta, especialmente en explotaciones mixtas y ganaderas.
El esquema europeo incluye pagos básicos por superficie, incentivos para la incorporación de jóvenes productores, fondos para inversiones tecnológicas y pagos adicionales por el cumplimiento de prácticas ambientales. Este enfoque no solo asegura la rentabilidad, sino que orienta la producción hacia estándares de sostenibilidad exigidos por el mercado global.
La extracción como regla
En contraste con estos modelos, el caso argentino es una anomalía. La transferencia neta en sentido contrario, por expresarlo de alguna manera, es impulsada —principalmente— por los derechos de exportación (léase retenciones) y otras intervenciones directas en los mercados.
De acuerdo con el informe, mientras los competidores de la Argentina utilizan el apoyo estatal para financiar seguros e impulsar la innovación, nuestro sistema genera una extracción de recursos que limita la capacidad de reinversión del productor.
Según los expertos, el signo negativo del PSE refleja una carga que erosiona la competitividad y que debería ser removida para permitir que el campo argentino compita en igualdad de condiciones con el resto del mundo.
El informe destaca a la Argentina como la excepción al presentar cifras negativas. Según los datos de la OCDE, el país registra una extracción de recursos que va desde los —80 hasta los —300 dólares por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo y del nivel de retenciones vigentes.
Esta categoría de apoyo en negativo se define como la extracción de recursos que reduce los ingresos del productor, situando al campo argentino en una posición de desventaja competitiva frente a sus pares internacionales, que reciben transferencias en lugar de sufrir quitas directas sobre su producción.
El podio de los subsidios
En la cima de la escala de subsidios se encuentra la Unión Europea, que lidera ampliamente el apoyo al sector con una inversión estimada de entre 250 y 600 dólares por hectárea. Estas transferencias, clasificadas como en positivo, están diseñadas para fortalecer los ingresos de los agricultores y garantizar la estabilidad del sistema productivo.
Le siguen de cerca los Estados Unidos, con un apoyo que oscila entre los 80 y 180 dólares por hectárea y Canadá, que destina entre 70 y 150 U$S por hectárea a sus productores. En estos casos, el Estado actúa como un motor de financiamiento y soporte ante las fluctuaciones del mercado global.
La situación cambia drásticamente al observar a los grandes exportadores del sur.
Brasil y Australia mantienen niveles de apoyo positivos, aunque significativamente más modestos:
—Brasil: entre 20 y 60 dólares por hectárea.
—Australia: entre 10 y 30 dólares por Ha.