Compra de vacunas contra el coronavirus: pidieron indagar a una ex funcionaria
Carla Vizzotti, ex ministra de Salud, figura en el listado elevado por fiscalía. También aparece en la solicitud el infectólogo Pedro Cahn. Carlos Stornelli denuncia que se favorecieron ofertas menos beneficiosas para el país que Pfizer.
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El fiscal federal Carlos Stornelli pidió citar a indagatoria a la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y al infectólogo Pedro Cahn, acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid19 a Estados Unidos en 2020.
Junto a un grupo de empresarios se los investiga por presuntamente haber favorecido negocios locales en la fabricación de las dosis.
En el requerimiento de instrucción que presentó al juez federal Ariel Lijo, el fiscal acusó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia.
Con esos argumentos, Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública para una larga lista de implicados.
De acuerdo a la hipótesis del fiscal, el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
“Habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, sostuvo Stornelli en su solicitud ante el juez.
En agosto de 2020, en los primeros meses de la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De esa cifra, tres millones iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento clave para vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández declinó la propuesta y avanzó con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
Las demoras relacionadas con Pfizer, según el fiscal, “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
En aquel entonces, el Ministerio de Salud argumentó trabas legales relacionadas con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad que, de acuerdo a Stornelli, eran inéditas.
Para Stornelli, este proceder “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”. (TN)