El Gobierno busca aprobar la nueva Ley de Glaciares, con cuestionamientos de la oposición

Redacción de La Nueva.

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La Cámara de Diputados se prepara, tras el fin de semana XL, para encarar las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, ya sancionada por el Senado y que La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena del mes próximo.

Serán dos jornadas, este miércoles y jueves, con horario extendido de 10 a 19 y con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche de ambos días. Es la máxima concesión que dieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas de presentaciones.

Los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, convocaron dos días de audiencias públicas pese a que los inscriptos superaron las 100 mil personas. Habilitaron un polémico mecanismo que consiste en enlazar los videos de los participantes en la página oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Esas ponencias no deberán superar los cinco minutos por inscripto, además de incluir un escrito de no más de diez páginas.

Un grupo de fundaciones ambientalistas presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias públicas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión y las audiencias quedaron firmes para desarrollarse esta semana.

Rápidamente, el diputado Mayoraz rechazó que las convocatorias sean ilegales: “eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”. Consideró, además, que “el plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú y no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación”.

Otra de las resoluciones de los diputados libertarios que conducen el plenario de comisiones fue que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrá derecho a participar en las jornadas. Además, los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso de dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen.

Debate entre los diputados

Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde La Libertad Avanza sostienen que convocarán a un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para firmar los dictámenes correspondientes. Esto sería entre el 7 y el 8 del mes próximo, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 15 de abril.

Si el proyecto se aprueba como salió del Senado será convertido en ley; si se modifica, deberá regresar a la Cámara alta para una nueva revisión, que solo podrá aceptar la propuesta de Diputados o ratificar su sanción original.

Los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidentes de la Cámara y del bloque oficialista, respectivamente, trabajan para lograr los 129 legisladores necesarios para el quórum y abrir la sesión, además de construir las mayorías para sancionar la norma.

A los 95 diputados propios del partido violeta se sumarían la mayoría de los 12 integrantes del PRO y de la UCR. Ambos sectores marcaron diferencias cuando se debatió el proyecto en el Senado. También respaldarían al Gobierno los legisladores de provincias cordilleranas cuyos gobernadores adelantaron su acompañamiento en distintas reuniones con la Casa Rosada, como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

En el caso de Neuquén, la senadora Julieta Corroza se abstuvo tras hablar con el mandatario Rolando Figueroa. Desde Jujuy, la diputada radical María Inés Zigarán —de la fuerza política del gobernador Carlos Sadir e integrante del bloque Provincias Unidas— ya adelantó su rechazo a los cambios en la norma de protección de los glaciares.

El oficialismo trabaja para obtener la mayoría y sancionar el proyecto tal como salió de la Cámara alta, aunque aún no están asegurados los votos y no descartan introducir modificaciones para sumar voluntades.

Los cambios a la norma

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tienen como objetivo alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca darles mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Sus diputados acompañarían los cambios cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja.

El pasado 26 de febrero el Senado aprobó el proyecto por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. (con información de TN)