Reincorporan a Suris al sistema carcelario “a lo Bukele” y su defensa apeló

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Marina López

El Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, que impuso el año pasado la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para limitar beneficios a presos considerados peligrosos, replica en algún punto las controvertidas medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

SIGPPLAR no solo restringió beneficios a presos detenidos por crimen organizado, sino que para muchos defensores vulneró derechos.

Se tiene en cuenta el riesgo elevado de fuga, la corrupción hacia quienes se deben encargar de vigilarlos o la posible comisión de delitos desde el interior de la prisión.

En ese contexto de encierro, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, Juan Ignacio Suris estuvo durante un año -de julio del año pasado al mismo mes de 2025-, hasta que la Justicia lo excluyó porque quería estudiar y en ese marco no lo habilitaban.

Sin embargo, hace algunos días el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca ordenó que se lo vuelva a incluir en el SIGPPLAR, hecho que motivó el enojo del bahiense, condenado a 8 años de prisión por comercio de drogas y asociación ilícita fiscal.

Su defensa ya presentó un recurso de apelación, entendiendo que la medida es arbitraria e irrazonable y advirtió que de ser rechazado llegará en queja hasta la Corte de la Nación.

Reevaluación negativa

¿Por qué lo reincorporaron al SIGPPLAR? Porque hubo una reevaluación y un acta, a fines de julio, de la Dirección Regional del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal que fue negativa para Suris.

Dicho informe asegura que el condenado, que habría pagado sobornos para ser un preso VIP, cuando estuvo detenido en la delegación Santa Fe de la Policía Federal, repitió esa conducta delictiva dentro de la cárcel de Ezeiza.

"A través de intervenciones telefónicas autorizadas se identificaron comunicaciones en las que el interno habría continuado pagando sobornos para obtener beneficios indebidos dentro del establecimiento", asegura el escrito.

Quiere decir que para las autoridades carcelarias "presenta los mismos riesgos" que habían fundamentado su incorporación al SIGPPLAR.

La Justicia le dio vista a la fiscalía -en la primera oportunidad había aceptado la exclusión de Suris del sistema-, que adhirió a la necesidad de limitar sus beneficios y aislarlo.

Consideró la fiscalía que el peligro se relaciona "con su participación en organizaciones criminales o que cuenta con posibilidades fácticas de fugarse, de ejercer violencia o daño, de dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios o de intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios y de entorpecer investigaciones judiciales en curso".

A esa postura adhirió el juez Sebastián Foglia y, "al variar las circunstancias", el tribunal bahiense decidió que Suris vuelva al sistema de presos de alto riesgo.

"Fundamentos falsos"

La defensa técnica de Suris, al plantear la apelación que va a formular ante la Cámara Federal de Casación Penal, aseguró que con la medida se están violando derechos de raigambre constitucional.

Consideró que el hecho de ubicarlo nuevamente en un régimen de encierro más restrictivo afectará cuestiones como la dignidad humana, la salud, la reinserción social y el principio de humanidad de las penas.

En cuanto a la decisión judicial, la tildó de "manifiestamente falaz, arbitraria e irrazonable", porque pretende legitimar la medida "sin sustento fáctico ni jurídico".

La defensa remarcó que los hechos de supuestos sobornos son "viejos, conocidos y expresamente valorados con anterioridad", con lo cual los fundamentos son "falsos, incongruentes y carentes de seriedad jurídica".

El tribunal bahiense, a fines de agosto, aceptó que la defensa de Suris recurra a Casación para que determine si está bien o no que se mantenga en el SIGPPLAR.

De todas maneras, su defensor ya adelantó que, en caso de no ser aceptado su reclamo, tiene intenciones de llegar en queja hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Informes por posibles nuevos sobornos

En el marco del fallo que ordenó incluir de vuelta a Juan Ignacio Suris en el sistema de "presos peligrosos", el juez Sebastián Foglia pidió otro informe al director del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde el bahiense está alojado.

Quiere saber el magistrado del tribunal local si se puso en conocimiento de la Justicia porteña los presuntos nuevos sobornos intramuros a los que alude el acta respectiva y, en ese caso, que se le informe cuál es el número de causa y qué juzgado tomó intervención. 

Foglia consideró idóneo el mecanismo al que se incluyó a Suris, con el fin de "prevenir la comisión de nuevos delitos desde el ámbito carcelario y reducir los riesgos para la seguridad interna del personal penitenciario, del resto de la población carcelaria y de terceros que concurren a esos establecimientos". 

Para las defensas de internos que ya estuvieron bajo el SIGPPLAR, el sistema lleva a "un modelo autoritario y de tortura como el de Bukele".
Así lo expresó, por ejemplo, la abogada Gisela Ortega, quien asiste a Mario Segovia, considerado el "Rey de la efedrina", quien está incluido en esa nómina.

Se explicó que los reclusos del programa llegan a un confinamiento de 20 horas por día en celdas de 1,5x3 metros, sin progresividad de pena y con el permiso de solo una llamada semanal a sus familias, sin visitas íntimas ni contacto con hijos (esas visitas se habilitan a través de un blindex).

Otro abogado, Fabio Galante, reclamó menos horas de encierro en esas condiciones y aseguró que "no están pidiendo privilegios, sino un trato digno".