“Cerrar Vialidad Nacional de la noche a la mañana no es la forma correcta”

Guillermo D. Rueda

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Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Esperamos que el Gobierno entienda y comprenda que la obra pública es necesaria. Si no se hace, dejaremos rutas aisladas y sin terminar, lo cual después para finalizarlas va a terminar costando el doble, o el triple”.

Para Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional XIX Distrito, con sede en nuestra ciudad, la decisión gubernamental de disolver la Dirección Nacional de Vialidad —el último martes 8 de julio, mediante decreto Nº 461/2025— no tiene explicación y, si eventualmente existe un tema de corrupción, se debe denunciar para que se investigue y se conozcan los pormenores.

“Si se busca una reestructuración, la institución tiene los medios para saber si hay potencialmente trabajadores denominados ñoquis o puestos políticos. Pero cerrar de la noche a la mañana no es la forma correcta para un organismo con 93 años de historia, donde hay trabajadores que no entienden qué está sucediendo, ya que sus funciones son otras y muy específicas en el mantenimiento y en la administración”, añadió.

El citado decreto quedó en pausa desde el último jueves 17, cuando la jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), uno de los gremios relacionados con la actividad.

Más allá de los anuncios respecto de reubicaciones, planes de retiros voluntarios, suspensiones y pases a disponibilidad en las 23 representaciones centrales de la Dirección Nacional de Vialidad, que se extenderá por seis meses (en principio), el Gobierno apeló la medida y se aguarda una resolución en este sentido.

El caso de Bahía Blanca no es menor. El XIX Distrito (con sede en Montevideo 366) cubre una amplia región y posee 144 empleados con una particularidad que, en este contexto, hace complejo el análisis a futuro: el 95% se encuentra contratado por tiempo determinado.

“Está claro de que nosotros no estamos en contra de la modernización y de la adecuación a los tiempos actuales, porque, de hecho, venimos diciendo hace rato que hay cosas que se deben cambiar y modificar y que se debe proteger al trabajador que cumple y viene todos los días. Sin embargo, entendemos que no son las formas, porque el Gobierno se está manejando de manera autoritaria y sin explicación alguna”, sostuvo.

—¿Cuál es la situación actual de los empleados?

—Por ahora no hay ninguna comunicación oficial que pueda contemplar la situación de la eventual disolución de Vialidad Nacional.

—¿Sigue todo como si no hubiera pasado nada?

—No lo pondría en esos términos. Nosotros seguimos operando, pero no es como si no hubiera sucedido nada. Sí pasó, y pasa mucho, cuando tenés un decreto que intenta cerrar las estructuras de Vialidad a nivel país.

“Nosotros seguimos cumpliendo funciones por una simple razón: los distritos del interior y la Casa Central tienen que seguir operando hasta que se disuelva, o se resuelva el tema del decreto en sí. Esto se mantiene gracias a los 6 meses que estipuló la jueza de San Martín (por la Dra. Martina Isabel Forns), que dio lugar a la cautelar y al tema de no innovar, lo cual tiene que ver con algunos artículos del decreto que protegen a los trabajadores”.

—¿Qué puede cambiar en estos seis meses?

—Puede pasar que el decreto sea tratado en Diputados y se lo declare inconstitucional. Eso sería barajar y dar de nuevo para el Gobierno. No obstante, y más allá de que apelará, insisten en disolver Vialidad Nacional y dejarla en un marco totalmente desguazado y desfinanciado, tal como lo vienen haciendo hasta este momento.

—¿Qué trabajos se realizan actualmente en Bahía Blanca y en la región?

—Todo lo referido a corte de pasto, bacheo y mantenimiento de rutas nacionales. Últimamente, estuvimos muy abocados a dar tránsito lo más rápido posible en el kilómetro 65 de la ruta 35, así como en la ruta 3 sur, en cercanías de la ciudad.

“Se buscan dar soluciones con los medios que se tienen que, claramente, son muy escasos. Esto es algo que venimos señalando desde hace tiempo y que se ha profundizado últimamente”.

—¿Cómo se hace para trabajar con recursos escasos?

—Es el mayor inconveniente que tenemos y no es porque los trabajadores viales no quieran hacer su tarea. Ellos siempre reciben directivas de quienes están más arriba, tanto de los jefes como del administrador. Pero si no se envían los recursos, esa persona, ya sea con una cortadora de pasto, con una máquina niveladora o en un camión no puede cumplir su función específica para dar soluciones a corto plazo, tal como ocurrió en el caso de la ruta 35, que se demoró tanto para rehabilitarla. Entendemos el reclamo y la ansiedad de la sociedad, pero es muy difícil cuando el desfinanciamiento y el desguace llevan bastante tiempo”.

—En el caso puntual de las rutas se trata de un tema sensible porque la Argentina es uno de los países con mayores índices de mortalidad, algo que se presume que podría aumentar…

—Totalmente. Es así. En una ruta el privado no interviene; es el estatal, es Vialidad Nacional quien debe mantenerla porque se trata de lugares transitados por las distintas actividades productivas que realiza el país, así como para las vacaciones familiares.

“Por eso decimos que Vialidad Nacional no se tiene que cerrar. Y no lo hacemos por capricho, sino por entender que cumple una función específica a lo largo y ancho del país unificando rutas para no aislar a los pueblos en sitios que no son rentables para nadie y que son mantenidos, justamente, por nuestro organismo”.

“Se vulnera el principio de estabilidad laboral”

La apelación de acción de amparo contra la disolución de VN interpuesta por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) no fue la única, sino que, por otros caminos ante la Justicia, también lo hicieron el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA); la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

La medida cautelar dictada por la jueza Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, se extenderá por 6 meses.

En el fallo, además, se le ordenó al Gobierno nacional de abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 461/2025, incluyendo aquí reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la DNV.

“Vialidad Nacional es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958 y la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo”, se indicó.

“La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, en particular los Convenios N.º 87, 98 y 151, impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”, se agregó.

“De este modo, el decreto gubernamental vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”, se explicó en la argumentación.

“Esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, se concluyó desde la Justicia.

El decreto 461/2025 había sido por el presidente de la Nación, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El objetivo de la medida, en el marco del plan de modernización, es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades.