Causa por drogas: la Justicia resolvió que “La Reina” continúe detenida
El Tribunal Oral Federal rechazó la libertad condicional de Natalia Pérez Vargas, condenada en 2022 a 5 años de cárcel.
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Audionota: Romina Farías
A fines de 2020 la Justicia bahiense ordenó la detención de “La Reina”, una mujer acusada de ser parte de un grupo de personas dedicadas a la venta de drogas.
En el marco de siete allanamientos, efectivos del área de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina incautaron cocaína y detuvieron a dos taxistas que realizaban el delivery de las sustancias.
A mediados de 2022, Natalia Soledad Pérez Vargas fue sentenciada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a cinco años de cárcel junto a otras cuatro personas, entre ellas su hija.
La principal imputada fue arrestada en un departamento de Brandsen al 100, donde funcionaba un showroom de venta de lencería como aparente pantalla de quienes concurrían al sitio para adquirir sustancias.
En los últimos días, el juez del tribunal, Ernesto Sebastián, rechazó un pedido de libertad condicional realizado por la defensa oficial de la procesada.
La presentación, efectuada por expreso pedido de “La Reina” Pérez Vargas, sostuvo que esta última había alcanzado el recaudo legal exigido por la ley, además de requerir la inconstitucionalidad del artículo que niega el beneficio a una serie de personas sentenciadas por determinados delitos, entre ellos los referentes al comercio de estupefacientes.
La fiscalía se opuso al beneficio y, entre otras consideraciones, resaltó que una solicitud similar se había denegado a fines de marzo del año pasado, cuya apelación fue declarada inadmisible por la Cámara Federal de Casación Penal.
En este sentido, consideró que “no surgirían elementos distintos que justifiquen apartarse de los fundamentos que respalda su postura ya asentada”.
Pedido rechazado
El doctor Sebastián analizó las posturas y determinó la imposibilidad de que Pérez Vargas pueda acceder al régimen de libertad condicional.
Destacó que fue sentenciada por el delito de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Según la condena, la mujer llevó adelante la actividad ilegal al menos desde el 2 de octubre de 2020 y hasta el 26 de noviembre de ese mismo año.
Sebastián sostuvo que los hechos imputados son posteriores “a la sanción y promulgación de la Ley 27.375”, por lo que corresponde “la prohibición de aplicación del instituto”.
También aclaró que “la imposibilidad de acceder a ciertas modalidades de libertad anticipada no implica de por sí un impedimento para su reinserción social”.
Por un informante
Los imputados fueron sentenciados en el marco de un juicio abreviado.
El fallo detalla que la investigación comenzó a partir de la palabra de un testigo de identidad reservada, quien vinculó a "La Reina", como se la denominaba, con el comercio de estupefacientes.
El personal de Prefectura investigó e identificó a Florencia Agustina Mascareño (su hija), Alejandro Gabriel Conte y Sergio Daniel Bonetti como colaboradores de la mujer.
Los uniformados recolectaron más pruebas a partir de intervenciones telefónicas, relevamiento de redes sociales y análisis de telefonía secuestrada.
La resolución indica que los diálogos reproducidos determinan “el rol activo de Pérez Vargas en la comercialización de estupefacientes y la colaboración en su distribución ejecutada por Conte y Bonetti”.
Señala también que la principal imputada residía en un departamento de un edificio ubicado en la zona de Brandsen y San Martín, y que en otra unidad del mismo piso funcionaba un showroom de lencería perteneciente a su hija, utilizado como excusa para el ingreso de personas al lugar.
Además de los 5 años impuestos a Pérez Vargas, el tribunal condenó a tres años de prisión a Mascareño (se encuentra con arresto domiciliario) como partícipe secundaria en el tráfico de drogas bajo la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Conti y Bonetti, en tanto, también fueron considerados partícipes secundarios del tráfico de drogas y recibieron penas de 4 años y 2 meses y de 4 años y 3 meses, respectivamente.