Quieren prohibir la actividad de "trapitos" y "cuidacoches" en Bahía
El concejal Carlos Alonso (LLA) promueve una iniciativa para erradicar de las calles y esquinas a quienes "ocupan el espacio público"
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El Concejo Deliberante volverá a debatir un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de trapitos, limpiavidrios y cuidacoches en Bahía Blanca.
La idea, que ya había sido propuesta en el pasado sin avances concretos, corresponde al concejal Carlos Alonso (LLA), quien en las últimas horas presentó un proyecto de ordenanza para que definitivamente el legislativo avance en ese sentido.
La iniciativa expresa la necesidad de prohibir todo tipo de actividad en nuestra ciudad para quienes "ocupan el espacio público sin autorización municipal para ofrecer el cuidado de autos y ese tipo de servicios sin autorización municipal.
"Esta actividad, ejercida sin regulación alguna ni autorización oficial, implica una ocupación indebida del espacio público, generando molestias, situaciones de intimidación o coacción a los ciudadanos, y afectando el derecho a la libre circulación y al uso seguro de la vía pública", afirma en su proyecto.
Al mismo tiempo denuncia que en los últimos meses "se han registrado múltiples denuncias por parte de vecinos, automovilistas y comerciantes por situaciones que incluyen hostigamiento, cobros indebidos, exigencias de dinero, amenazas e incluso daños a vehículos cuando no se accede a los pedidos de los cuidacoches".
Además afirma que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de todos los habitantes a transitar libremente por el territorio, y que este derecho se ve afectado por la ocupación arbitraria de espacios por parte de particulares sin habilitación alguna.
También asegura que ya existen ordenanzas similares en otras ciudades del país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se ha avanzado en la prohibición y sanción de esta actividad;
Por último propone que el Municipio avance en políticas de inclusión social y laboral para personas en situación de vulnerabilidad, sin permitir que esta situación justifique prácticas que afectan derechos ajenos.
En uno de sus artículos establece además que la Agencia de Seguridad de la comuna en coordinación con la Policía Bonaerense será la encargada de hacer cumplir la normativa y deriva en otras áreas la asistencia e inserción laboral que desarrollan la actividad.