La UNS irá a la Justicia por la Ley de Financiamiento Universitario: "El decreto es inconstitucional"

Redacción de La Nueva.

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La Universidad Nacional del Sur (UNS) será una de las casas de altos estudios que iniciará acciones judiciales para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo confirmó la vicerrectora, Andrea Castellano, quien calificó como "inconstitucional" el decreto del presidente Javier Milei que suspendió la norma.

"La decisión de avanzar por la vía judicial ya está tomada", afirmó Castellano en diálogo con el programa Panorama, por LU2.

La funcionaria explicó que aún restan definir algunos aspectos técnicos del reclamo. "En principio, la presentación será individual, de cada universidad, aunque se compartirán los fundamentos jurídicos que apuntan contundentemente a cuestionar la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la ley", detalló.

Según señaló, esta estrategia permitirá fortalecer la acción legal: "La presentación simultánea de distintas universidades le va a dar fuerza al reclamo. De todos modos, es probable que algún juzgado unifique luego las causas, dado que todas persiguen el mismo objetivo: cuestionar la legalidad del decreto".

Consultada sobre por qué no se realiza una presentación conjunta desde el inicio, Castellano aclaró que "no existe una figura legal que lo permita".

"En un primer momento se evaluó que el reclamo lo presentara el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pero el organismo no tiene personería jurídica para hacer un reclamo de esta naturaleza", explicó.

Respecto del argumento del presidente Milei, quien sostiene que no existen fondos para cumplir con la ley, Castellano lo desestimó: "El proyecto establece claramente el origen del financiamiento de las partidas, que proviene de la recaudación y la coparticipación de impuestos (ya existentes). Por lo tanto, el argumento del presidente no es válido".

En esa línea, agregó que "según el presidente, esos recursos ya tienen un destino, lo que refleja una discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre qué partidas financiar y cuáles no".

La UNS se suma así a una extensa lista de universidades nacionales que recurrirán a la Justicia para exigir la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso y suspendida por el Poder Ejecutivo.

El Consejo Superior de la casa de estudios aprobó, en su sesión plenaria del pasado miércoles, una resolución que encomienda al rector "el inicio de las acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva implementación de la Ley 27.795 y resguardar los derechos de la Universidad Nacional del Sur y de sus trabajadoras y trabajadores".