Bahía Blanca | Martes, 05 de marzo

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Piden investigar al régimen talibán por crímenes de lesa humanidad

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, aseguró que Afganistán ha violado de forma sistemática los derechos de mujeres y niñas.

Amnistía Internacional pidió a la CPI investigar al régimen talibán por crímenes contra mujeres y niñas.

Las restricciones impuestas por los talibanes sobre los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán, además de la encarcelación, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos, constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así lo determinó la ONG Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas en su informe más reciente titulado: “The Taliban´s war on women. The crimen against humanity of gender persecution in Afghanistan” (La guerra de los talibanes contra las mujeres. El crimen contra la humanidad de la persecución de género en Afganistán).

En su análisis, que abarca hechos entre agosto de 2021 y enero de 2023, Amnistía Internacional asegura que los talibanes han marginado a las mujeres de la vida política y laboral desde que asumieron el control en agosto de 2021, impidiéndoles ocupar cargos públicos. Además, han eliminado la educación secundaria y superior para las mujeres y las niñas, lo que les niega el acceso a la universidad y limita sus opciones profesionales.

Amnistía Internacional asegura que los talibanes han marginado a las mujeres de la vida política y laboral.

“Las restricciones contra las mujeres están claramente diseñadas para atacarlas a ellas en concreto. Se han violado sus derechos y se las ha excluido de la participación en la sociedad. Las mujeres y las niñas afganas se ven obligadas a vivir como ciudadanas de segunda, silenciadas e invisibilizadas”, sentenció la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.

“No cabe duda alguna de que se trata de una guerra contra las mujeres: las privan de vida pública; les impiden el acceso a la educación; les prohíben trabajar; las inhabilitan para circular libremente; las encarcelan, torturan y someten a desaparición forzada, incluso por mostrarse contrarias a estas políticas y resistirse a la represión”, agregó.

La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.

De acuerdo con Callamard “la gravedad” de los crímenes exige una “respuesta internacional mucho más enérgica que la observada hasta la fecha. “Hay un único desenlace admisible: debe desmantelarse este sistema de opresión y persecución fundada en motivos de género”.

Tanto Amnistía Internacional como la Comisión Internacional de Juristas señalaron que los talibanes realizan estos actos “mediante el aparato de seguridad del Gobierno anterior”, así como con la “implicación” de la Policía afgana y las fuerzas de seguridad”.

El secretario general de los Juristas, Santiago Cantón, afirmó que las políticas de las autoridades 'de facto' en Afganistán son un “sistema de represión que aspira a subyugar y marginar a las mujeres y niñas en todo el país”.

Los talibanes han eliminado la educación secundaria y superior para las mujeres y las niñas.

“Obligar a los talibán a rendir cuentas penalmente y hacer frente a la impunidad rampante de los graves crímenes documentados en este informe es un paso necesario para garantizar justicia a quienes sobreviven a sus atroces prácticas”, subrayó Cantón.

En el informe, ambas organizaciones instan a los talibanes a tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho de las mujeres al trabajo, a la libre circulación, a la participación política y a otros derechos humanos que actualmente están siendo violados.

El secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago Cantón.

También piden a la comunidad internacional que utilicen la jurisdicción universal u otros mecanismos legales para juzgar a los talibanes por sus crímenes.

Para ambas ONG, “la opresión sistemática de mujeres y niñas en Afganistán no ha dejado de aumentar desde que los talibanes tomaron el poder como autoridades de facto”. Las restricciones más recientes incluyen: prohibición de trabajar con las oficinas de la ONU y la limitación de entrar a parques y gimnasios.

“Estas prácticas recientes, junto con otras políticas discriminatorias examinadas en este informe, contrastan con las declaraciones de los talibanes en agosto de 2021, inmediatamente después de tomar el poder en el país. En aquel momento, reiteraron el compromiso que adquirieron durante las negociaciones de paz de proteger y garantizar los derechos de las mujeres”, señala el informe.

“A pesar de estas promesas, los talibanes han violado sistemáticamente los derechos de las mujeres, borrando rápidamente los avances sustanciales en la protección de los derechos que se habían acumulado a lo largo de los últimos 20 años”, agrega. (Infobae)