Publicaron los fundamentos de la condena a Cristina: "Connivencia y protección" a Lázaro Báez

Redacción de La Nueva.

[email protected]

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, difundieron 5 minutos antes de las 9 de la mañana de hoy los fundamentos por los cuales condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La sentencia consta de 1.616 páginas y uno de los principales argumentos es que consideraron que la expresidenta tuvo "connivencia" y ejerció "protección" a las empresas de Lázaro Báez, en el marco de un proceso de administración fraudulenta con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Los argumentos se enviaron a las partes por el sistema judicial Lex-100 y no está previsto que se realice una audiencia especial. A partir de este momento, los abogados están en condiciones de apelar las condenas y las absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, tendrán 10 días hábiles, pero es probable que pidan una prórroga de ese plazo por lo extenso y complejo del caso.

El 6 de diciembre, el tribunal condenó a la vicepresidenta y a otras ocho personas, entre ellas Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en la entrega de 52 obras públicas a las empresas de Báez. A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.

Otros cuatro acusados fueron absueltos. Son el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Tras la condena, la vicepresidenta aseguró que no sería candidata a ningún cargo en 2023. Semanas después dijo que no era un renunciamiento, sino que se sentía proscripta.

La difusión de la sentencia coincide con la anunciada presencia, mañana, de Cristina Kirchner en Viedma, en un acto donde hablará al recibir el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro. 

A su vez, el kirchnerismo convocó a un plenario para el sábado en Avellaneda titulado "Luche y Vuelve", para pedir que la vice se postule a la presidencia este año.

Entre los fundamentos conocidos hoy, los jueces manifestaron: “Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”.

Agregaron: “La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad. Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

Prosiguieron: “De manera inaudita, en lugar de la relación de distancia y contralor que debió signar el vínculo entre las dimensiones pública y privada, aquí hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad”.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”.