Asamblea Legislativa: Alberto quiere ir con garantías de que habrá ley

Eugenio Paillet

   Alberto Fernández le ha dicho a su equipo político más cercano, con el que se reunió durante el fin de semana y también ayer lunes en Olivos, que aspira a ir al Congreso el primero de marzo para leer su mensaje ante la Asamblea Legislativa con “los números asegurados” en ambas cámaras del Parlamento que garanticen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se firmaría a mediados de ese mes.

   Nada menos, frente a un cuadro complicado como el actual para alcanzar las mayorías necesarias tanto en el Senado, por una incipiente rebelión del cristinismo duro, como en general en ambas cámaras por la ruptura de Máximo Kirchner y las dudas que todavía expresan en privado legisladores de Juntos por el Cambio, que insisten en que apoyan pero primero quieren ver la “letra chica” y en la práctica por ahora solo se comprometen a garantizar el quórum.

   El desafío del jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, que ahora condiciona un voto de al menos una parte de su bancada a que el gobierno le diga antes de enviar el proyecto “en qué compromiso estamos metiendo al país”, viene a agravar aquel deseo mayor del presidente y obliga a redoblar esfuerzos y contactos de los ministros que trabajan para convencer a díscolos, desconfiados y directamente detractores, en especial en la tropa de gobernadores del propio palo, como Juan Manzur, Wado De Pedro, Gabriel Katopodis y Juanchi Zabaleta.

   “No podemos ir a la Asamblea a bartolear con un mensaje que diga una cosa pero que mientras tanto la realidad de que por ahí nos faltan apoyos dice otra, el presidente tiene que tener garantizado que en ese momento el acuerdo estará”, dijo el martes una fuente del área presidencial al tanto de los afanes de última hora del albertismo por ganar esa pulseada.

   Aquel tropiezo con el que el presidente no desea encontrarse antes de leer su discurso para inaugurar un nuevo periodo ordinario de sesiones está, sin embargo, a la vista, y tiene además otro punto en común entre oficialistas y opositores: el reclamo para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “muestre la cartas” del preacuerdo alcanzado con el Fondo y que debería ser ratificado por el staff del organismo antes del 21 de marzo, cuando cae el primer vencimiento por 2.100 millones de dólares.

   Para muestra, alcanza con un párrafo de las declaraciones del senador Mayans, un incondicional de Cristina Fernández y que es de los que impulsa darle el acuerdo al gobierno, quien aclaró por las dudas que en el bloque le creen a Guzmán. “Nadie desconfía del ministro ni de (principal negociador argentino ate el FMI, Sergio) Chodos, creemos en su buena fe, pero acá queremos saber porque somos los que representamos al pueblo que nos votó”. 

   En las incontables reuniones que el presidente ha mantenido con sus colaboradores, en grupos o en contactos personales, y con el propio Guzmán, Fernández está  convencido que el primero de marzo podrá tener unos 145 diputados dispuestos a votar a favor del acuerdo, según le asegura el jefe del bloque del Frente de Todos y sucesor de Máximo Kirchner, Germán Martínez, y al menos 37 senadores (35 propios y 2 aliados), y en este caso si es que la oposición vota en contra o se abstiene.

   En la secretaría de Relaciones Parlamentarias que conduce el dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, principal nexo en este tramo de las negociaciones entre el presidente y las autoridades de los bloques el oficialismo en ambas cámaras, reafirman que “los votos están o van a estar”, y que el acuerdo para avanzar en la firma definitiva de un nuevo préstamo de facilidades extendidas con el Fondo será convertido en ley en el Congreso en la primera o segunda semana de marzo.

   Pareciera que en el gobierno no han reparado, o lo han hecho pero prefieren por ahora minimizarlo, en un escollo que se profundizaría si “prende” entre diputados y senadores del Frente de Todos una bajada de línea que proviene de los leales a Máximo Kirchner: si el FMI aprueba el acuerdo, la deuda de 45.000 millones de pesos a refinanciar ya no será “de Macri” sino legitimada mediante una ley por el gobernante Frente de Todos. No son pocos, dicen en los pasillos, los que no querrán tragarse ese sapo.