El policía Matías Martínez se negó a declarar por el femicidio de Úrsula Bahillo

Redacción de La Nueva.

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   El efectivo policial Matías Martínez imputado por el femicidio de Úrsula Bahillo se negó a declarar ante la Justicia.

   Está imputado por "femicidio agravado por premeditación y alevosía". El artículo 80, incisos 2 y 11 del Código Penal, prevé como pena única la prisión perpetua.

   La diligencia se llevó a cabo durante la mañana de este viernes en un lugar de la ciudad de Chacabuco que se mantuvo en reserva.

   Martínez fue llevado a declarar ante el fiscal Sergio Terrón, pero se negó. Cuenta con un defensor oficial. 

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   Úrsula fue encontrada el lunes cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

   La policía apresó a Martínez en el lugar. Se sospecha que se habría auto provocado las lesiones que presentaba.

   A través de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que la joven había dejado su moto en la puerta de un quiosco al que ingresó y que, al salir, lo hizo caminando, tras lo cual aún no pudo determinarse el rumbo que tomó y en qué circunstancias fue abordada por el policía, quien aquella noche se desplazaba en su auto, un Peugeot 307.

   El informe preliminar de la autopsia reveló que Úrsula fue asesinada de al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello.

   El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

   "No te metas con mi familia porque andan en la pesada", le dijo el femicida a Úrsula tres días antes

   Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido.

   Después del crimen, Martínez se clavó el arma homicida en el abdomen, cuando se hallaba dentro de su auto. Intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue rápidamente reducido.

   Úrsula había denunciado tres días antes de ser asesinada que Martínez la había amenazado en la calle, y necesitaba tener un botón antipánico.

   Una de las frases que el ahora imputado por el femicidio le dijo a la adolescente cuando se enteró de la denuncia en su contra fue: "Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada".

   En su denuncia, Úrsula contó que le tenía miedo a Martínez porque la hostigaba todo el tiempo por mensajes de texto y la llamaba desde distintos teléfonos.

   Pero el viernes 5 de febrero no fue la única y última vez que la víctima fue a la Comisaría de la Mujer de Rojas a denunciarlo, sino que se presentó en esa dependencia policial ese día, el sábado y también el domingo, a pocas horas de ser asesinada.

   Este jueves, en declaraciones al programa Alguien Tiene que Decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el fiscal dijo que se encontraron "elementos probatorios muy contundentes con respecto a la responsabilidad de Martínez" y que el arma homicida que fue secuestrada será sometida a pericia de ADN.

   "El cuerpo de la víctima habló y dijo muchas cosas. Hay heridas lacerantes y cortantes realizadas con el arma homicida, que es un cuchillo carnicero. Y hay heridas muy importantes en el abdomen y hasta en el cuello. Fue un ataque brutal", relató el fiscal, que agregó que Martínez permanece alojado bajo cuidados médicos porque intentó autolesionarse en el momento en el que llegaron los efectivos a la escena del crimen y que por eso aún no se le había tomado la declaración indagatoria. 

   Además de la denuncias en su contra por parte de Úrsula, el oficial tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: "Si me trasladan, tiro una bomba"

   Martínez fue dado de alta este miércoles en el Hospital General de Agudos San José de la ciudad de Pergamino, donde había quedado alojado el pasado lunes por las heridas que se había provocado.

   De allí fue trasladado a la comisaría de Conesa, desde donde también tuvo que ser derivado a otra dependencia policial por la oposición de los vecinos: no se conocía el lugar de detención del efectivo por seguridad y para evitar eventuales incidentes.

   Este jueves, según informaron fuentes judiciales, se efectivizó la apertura de los teléfonos celulares secuestrados en el lugar del hecho, pertenecientes al imputado y a la víctima, para analizar los meses anteriores al hecho.

   La tarea está a cargo de la Oficina TGI (Tecnología y Gestión para la Investigación) dependiente de la Fiscalía General departamental, para la extracción de la información.

   En tanto, el fiscal Terrón, continúa con las diligencias relativas a la investigación, en la que se incorporaron nuevos testimonios. (NA)

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