Informe de la FADA

La participación del Estado en la renta agrícola ya está en el 68,3 %

5/7/2020 | 06:30 |

El cálculo es para el promedio ponderado en soja, maíz, trigo y girasol. El promedio en 2019 había sido de 58,6 %. La incidencia de los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   De cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos los costos) que genera una hectárea agrícola en la Argentina, $ 68,30 representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.

   Del mismo cálculo surge que el promedio ponderado de la participación del Estado en soja es del 69,7 %; en trigo, 67,8 %; en maíz, 65,4 % y, en girasol, 59 %.

   A esos porcentaje arribaron los economistas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) para este junio. Las referencias cercanas —del mismo organismo— son del 60,4 % en diciembre; 56,4 % en septiembre; 56,8 % en junio y en 60,6 % en marzo, todos del año 2019.

   El índice de junio es un punto porcentual más alto que el de este marzo, donde la caída del precio del maíz ha sido el principal factor que traccionó a la suba del indicador. Entre esas razones están la evolución del tipo de cambio por encima de los costos en pesos, como labores y fletes y el precio FOB de la soja, que recuperó terreno respecto de marzo.

   El 68,3 % de participación del Estado está compuesto por impuestos de la Nación, de las provinciales y de los municipales. Los nacionales no coparticipables explican el 67,4 % del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en nuestro país.

   La composición central son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

   Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales explican el 26,6 % de los medidos. Aquí están, principalmente, el impuesto a las Ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA.

   Las provincias reciben parte de este 26,6 % como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Indice FADA nacional se consideran el Inmobiliario Rural e Ingresos Brutos, con una alícuota reducida, ya que en Córdoba y Santa Fe no se cobra. Así, provinciales explican el 5,3 % de los impuestos totales.

   Por último, los impuestos municipales explican el 0,8 % de los incluidos en el Indice FADA promedio nacional. En provincias que los cobran, la participación es mayor.

   Si bien ganaron espacio los impuestos nacionales, se incrementó la participación del Estado en la renta agrícola, por lo que el resto cayó en términos relativos, pero no necesariamente en términos nominales, ya que se verificaron subas en torno al 60 % para los Inmobiliarios Rurales y las tasas viales municipales.

   Con respecto a junio de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 56,6 % al 67,4 %, mientras que todo el resto disminuyó.

   “Estos cambios significan una reducción del federalismo por tres vías”, dijo David Miazzo, economista jefe de la FADA.

   “La primera es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, se reducen los recursos coparticipables por reducción de Ganancias y la tercera es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, agregó.

David Miazzo, economista jefe de la FADA.

   Respecto de los precios, en los últimos doce meses el FOB de la soja perdió un 1,1 %; el trigo un 1,6 % y el maíz un 19,5 %. Respecto a la medición de marzo, la soja ganó un 8,5 %; el trigo perdió un 1,2 % y el maíz cayó un 11,3 %.

   La soja tuvo una caída en una primera etapa de la pandemia, para luego recuperar gran parte de la baja, mientras que el maíz ha sido el que más ha sufrido en precios.

   "Esto, sin dudas, influye en la viabilidad económica del cultivo, y por tanto en la participación del Estado en la renta", añadió Miazzo.

   A la caída de precios, se le sumó un incremento de los derechos de exportación, que pasaron del 10 % en junio pasado al actual 12 %. Así, el Indice FADA para maíz fue del 47,1 %, en junio pasado, y marca 65,4 % en esta medición.

Cambio y costos

   En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio nominal oficial fue del 61 %, pasando de $ 43,40 por dólar a $ 69,97. En los últimos tres meses, se incrementó un 9,7 % y, en términos de tipo de cambio real multilateral, en el último año mejoró un 2 %.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo
Registrar

   “Que el tipo de cambio real evolucione por encima de los costos es positivo para el resultado económico de estas actividades agrícolas, ya que reduce el valor en dólares de los costos pesificados”, sostuvo Miazzo.

   “También colabora, en este sentido, el congelamiento del precio del gasoil, principal costo de los fletes y labores agrícolas”, advirtió.

   Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo con la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 58 % de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, mientras que el restante 42 % se encuentran pesificados.

   Esta relación en marzo de 2020 era 56 %-44 %, pero la mejora del tipo de cambio real hizo que los componentes pesificados tengan menor peso relativo.

   Si se considera el costo de la tierra dentro de un esquema, los valores dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 68 %. En el caso del maíz los costos dolarizados ascienden al 62 % de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 38 %. Si se considera el costo de la tierra, el peso dolarizado asciende al 68 %.

   Sin embargo, el componente en pesos tiene una alta relación con el dólar.

   “Esto se da por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete, cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible que, a su vez, está ligado al del petróleo y del dólar”, comentó.

   “Lo mismo sucede con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio”, sostuvo.

   “Así como esta relación encarece la estructura de costos pesificados en momentos de devaluaciones, también ayuda a anclarlos en momentos de tipo de cambio oficial estable, tal como los últimos meses”, aclaró Miazzo.

La síntesis de impuestos provinciales

--En las seis provincias analizadas se paga impuesto Inmobiliario Rural.

--En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se abonan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1 % en los casos de Buenos Aires y, San Luis: 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y en Santa Fe la actividad está exenta.

--El pacto fiscal entre la Nación y las gobernaciones contenía el compromiso de las provincias de llevar ingresos brutos gradualmente al 0 %, pero la baja fue desestimada con la suspensión del Pacto Fiscal.

Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 67,4 % del total que afronta una hectárea agrícola en la Argentina.

--Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa posee las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. Esto no sólo depende de la decisión de los propios municipios, sino del ordenamiento normativo en cuanto a lo territorial. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires un distrito tiene jurisdicción sobre las áreas rurales y coexisten caminos rurales municipales y provinciales, mientras que en Córdoba, dentro de un departamento hay muchos municipios, pero estos no tienen jurisdicción sobre las áreas rurales, sino sólo sobre el ejido urbano.

--San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Las brechas y los insumos 

   Según comentó David Miazzo, las restricciones impuestas al acceso al tipo de cambio oficial, más conocido como cepo cambiario, han generado una importante brecha cambiaria, con un tipo de cambio oficial de $ 69,67; un dólar bolsa de alrededor de $ 107 y un blue de $ 125.

   “Desde el regreso del cepo hay temores en la cadena agrícola de que la brecha se traslade a incrementos de los costos de los insumos, tal como sucedió en el cepo que operó entre 2012 y 2015”, comentó.

   “La diferencia con ese cepo es que no sólo era cambiario, sino que también era importador; es decir, no sólo se dificultaba el acceso al tipo de cambio para dolarización de ahorros, sino que se restringía el acceso a dólares para importación, acompañado de licencias no automáticas para los productos importados”, explicó.

   “Esto generaba escasez y encarecimiento de bienes importados. Al campo, en particular, lo afectó con una suba de los costos de los insumos”, advirtió.

   Hasta el momento, esos insumos se comercializan a tipo de cambio oficial y no se han evidenciado subas generalizadas de precios.

   “Pero esta situación podría verse alterada si el cepo cambiario va mutando en un cepo importador que haga escasear y encarezca de manera generalizada las importaciones”, sostuvo.

   “Una negociación exitosa de la deuda, un tipo de cambio que no se atrase y una política monetaria y fiscal responsables son las condiciones para que no se endurezcan las restricciones de acceso al tipo de cambio oficial y a las importaciones”, aseguró el economista jefe de la FADA.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias