En un clima muy tenso, se vuelve a reunir el Concejo Deliberante

Redacción de La Nueva.

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   Tras el reclamo a Provincia de Nicolás Vitalini y la respuesta de la ministra provincial de Gobierno, Teresa García al titular del bloque de Juntos por el Cambio (quien fue respaldado por el intendente Héctor Gay), esta tarde desde las 14 se realizará la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

   Los concejales oficialistas centrarán sus propuestas en promover la apertura de comercios de indumentaria y calzado, para los cuales el Municipio solicitó habilitación hace más de dos semanas.

   Abogan por "una pronta respuesta por parte del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires respecto de la autorización para la apertura de comercios de venta de indumentaria y calzados; como así también para permitir el ejercicio de las profesiones de abogados, escribanos y martilleros en el partido de Bahía Blanca".

   Para esa hora se espera además una manifestación de comerciantes de ropa y calzado (el 70% de los locales del centro se dedican a esos rubros) que reclaman la reapertura de sus locales bajo los protocolos que las autoridades dispongan. Hasta el momento solo pueden vender en las modalidades de delivery y take away.

   La bancada del Frente de Todos anticipó su rechazo a la iniciativa. Entienden, al igual que la ministra García, que el decreto presidencial que dispuso el aislamiento no deja margen para autorizar esa actividad, considerada de riesgo debido a que los clientes pueden manipular prendas y favorecer la eventual circulación del coronavirus.

   Más aún: representantes del principal bloque opositor le dijeron a La Nueva que consideran "insólito" que el Municipio haya autorizado las salidas deportivas sin la convalidación del Concejo y consideran que el jefe comunal podría decretar la apertura de los mencionados negocios si fuera su voluntad.

   También aseguraron que es probable que entreguen un pedido de informes con respecto al convenio que hizo la Secretaría de Gobierno con el Colegio de Médicos.

   Tras ese acuerdo se generó una controversia por la participación del doctor Oscar Casalini, secretario de la entidad, en los controles sanitarios en las rutas, pese a que tiene una condena judicial, más allá de que no se encuentre firme.