A fines de 2019 Bahía contará con un instituto para menores

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

   Durante el mes de octubre, justo cuando se cumplan cinco años del incendio intencional que destruyó el instituto de menores Valentín Vergara, se pondrán en marcha los trabajos para la construcción en nuestra ciudad de un centro de atención integral de jóvenes en conflicto con la ley.
   Si bien es bajo el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes respecto del total de hechos que se registran en el Departamento Judicial Bahía Blanca, la ausencia de un sitio para contenerlos genera perjuicios importantes.
   Esta situación provoca trastornos tanto para el menor como para el sistema que debe protegerlo y encauzarlo y para el Estado, desde el punto de vista económico.
   Al respecto, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano, le adelantó a La Nueva. que para fines del próximo año estará finalizado el edificio.
   Se encontrará emplazado en un predio de 7.500 metros que fue cedido por la comuna, situado en Fragata Sarmiento y Los Tamariscos, en la zona de Espora, cercano a un cementerio privado.
   El funcionario describió que el proyecto establece la construcción de un Centro de Admisión y Derivación (CAD) y un Centro de Contención.
   “Será una obra de 516 metros cubiertos, con un presupuesto de 46 millones de pesos otorgados por la Nación y que tiene un plazo de realización de doce meses”.
   López Medrano señaló que el próximo 31 de agosto se realizará la apertura de sobres para la licitación de los trabajos.

   Días atrás, poco después de inaugurar un espacio comunitario en Vista Alegre, el ministro se reunió con magistrados y fiscales del fuero juvenil, con quienes dialogó sobre el tema.
   Comentó que se firmó un convenio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para la construcción, equipamiento y dotación de personal.
   “Tiene un plazo de obra de un año, que puede variar por inclemencias climáticas o porque se aceleran los tiempos de construcción. Sobre fines de 2019 tiene que estar terminado. Incluye perímetro, un área administrativa común, vestuarios y lugares para personal, dormitorios para el Centro de Contención y para el de Admisión, sala médica y gabinete psicológico, entre otras cosas”.
   Indicó que también están proyectados centros en San Nicolás, San Martín y La Plata, aunque estimó que el de Bahía Blanca sería el primero en estar finalizado.

El abordaje
de los casos

   El ministro explicó que “el CAD es el primer lugar al que un joven en conflicto con la ley penal ingresa cuando es aprehendido, y donde transcurre las primeras doce horas. Es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño”.
   Señaló también que las nuevas instalaciones permitirán un mejor abordaje del menor inmediatamente después a su arresto. 
   “Esas primeras horas se van a aprovechar mucho más de que lo que se hace actualmente. Se puede hacer el relevamiento médico, un psicodiagnóstico, un informe socioambiental, y permite empezar a trabajar el tema de adicciones desde ese momento”.
   “Mucho va a tener que ver lo que pase en ese centro con lo que suceda después. Siempre se priorizan las medidas alternativas”, agregó López Medrano. 
   “Teniendo en cuenta los números que se manejan, la obra tendrá una capacidad por demás suficiente para la atención de los distintos casos”.
   Consideró que el proyecto pondrá fin al problema del alojamiento de los jóvenes fuera de la ciudad.

   “Muchas veces los magistrados nos planteaban el tema del desarraigo de los jóvenes, que no ayuda para el tratamiento. Esto solucionará esa cuestión y también la logística, que es fundamental. Con estas instalaciones van a tener mejores condiciones para que hagan su trabajo los defensores y los funcionarios judiciales”.

Revertir la situación

   “Los traslados son una gran complicación por la extensión de la provincia, pero tampoco ayudaba el estado edilicio en el que encontramos el sistema de responsabilidad penal juvenil”, confió el ministro.
   A modo de ejemplo, señaló que en varias dependencias detectaron la ausencia de colchones y grandes falencias en el sistema de comida.
   “Los jueces nos dicen que se nota el progreso en este tema. El proyecto que apoyamos contiene actividades para los menores y convenios con sociedades civiles y sindicatos, además de apoyarnos fuertemente en el deportes”. 
   Explicó que “fortalecer la prevención con chicos en situación de riesgo y brindar espacios de contención previos, muchas veces es la diferencia entre ingresar al sistema penal y no hacerlo”.

   Finalmente, sostuvo que la construcción de los centros traerá aparejada la necesidad de personal, cuestión que, según López Medrano, ha sido considerada al momento de realizar el proyecto.
   “Como es una figura nueva va a requerir empleados y eso está contemplado en los convenios firmados con la Nación”.

“Un avance importante”

   El fiscal del fuero penal juvenil Pedro Morán comentó que la construcción del nuevo edificio soluciona una situación fundamental en el tratamiento del menor en conflicto con la ley. 
   “En la actualidad, un joven punible, es decir de entre 16 y 18 años, al que se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva tiene que ser alojado en un instituto a más de 300 kilómetros de la ciudad. Es decir, comparativamente, está en peor situación que un adulto, al que se le dicta la medida y mantiene la cercanía familiar, ya que puede estar alojado en la U4 o Saavedra”. 
   Consideró la iniciativa como “un avance importante, porque no teníamos una solución intermedia. Era dejarlo en libertad con reglas de conducta, arresto domiciliario o, de otro modo, enviarlo a centros cerrados a grandes distancias”.
   Morán sostuvo que en el Centro de Contención que funcionará en el predio de Espora “se podrán cumplir prisiones preventivas en un regimen de semilibertad, con salidas que le permitan al joven iniciar o profundizar un proceso de resocialización, que es a lo que apunta, además de conjurar los riesgos procesales, toda medida cautelar durante el proceso juvenil”.
   Al igual que el ministro López Medrano, destacó que el Centro de Admisión permitirá trabajar rápidamente con el menor aprehendido.
   “De acuerdo a lo planeado por las autoridades, habría grupos interdisciplinarios constituidos por médicos, psicólogos y asistentes sociales, lo que permitiría un abordaje inmediato del joven y darle curso a la solución de su problemática”. 
   Finalmente, indicó que la concreción del proyecto significará un ahorro de recursos humanos y materiales que actualmente se destinan para el traslado de los jóvenes y llevar adelante las distintas instancias del proceso.

Una reinserción
social positiva

   La jueza de Garantías del Joven, Claudia Olivera, consideró que los beneficios de la construcción de los edificios en la zona de Espora se van a traducir en la forma de trabajar con los jóvenes.
   “Esto nos permite pensar una reinserción social positiva, en el sentido de que la cercanía favorece un trabajo más cotidiano con la familia, ya que, en definitiva, es el lugar al que va a volver el chico”.
   Agregó que “el hecho de tener las instalaciones acá permite que los operadores podamos acercarnos, que la familia pueda verlo, se generan menos gastos y el joven está dentro de su ámbito”.
   En este sentido, la magistrada se refirió a los inconvenientes que provoca el desarraigo del chico que es trasladado a otro sector de la provincia.
   “Es muy bueno contar con un centro de contención en Bahía. Cuando resolvemos una  prisión preventiva en un instituto de semilibertad, ya que la ley nos obliga a buscar la medida menos gravosa en los casos que la ameriten, el joven realiza una serie de actividades que son importantes para el tratamiento, pero tener que derivarlo a otras ciudades provoca que estas se interrumpan al cesar la medida”.
   “Pero no solo hablamos de los problemas en la tarea de resocialización, sino también de los costos materiales y humanos que le acarrea al Estado esta situación”.
   Del mismo modo, Olivera resaltó que se reducirá el tiempo de permanencia de los menores en la seccional policial.
   “Hasta el momento, durante las primeras doce horas posteriores a la aprehensión el menor pasaba varias en la comisaría, por lo que el CAD nos habilita a que el contacto con el personal policial sea menor, se lo derive en forma inmediata y se aproveche ese tiempo para abordar el caso desde distintos ángulos”.
   “La primera evaluación que van a hacer los profesionales que allí se desempeñan nos servirá para observar el contexto familiar, saber cómo es la situación y ver la forma en que se continuará trabajando”.