Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Obra pública: piden que Cristina, De Vido, Báez y López vayan a juicio

Para la Oficina Anticorrupción, todos ellos formaron parte de “una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz” entre 2003 y 2015.
Para el organismo que conduce Laura Alonso, la exmandataria “continuó con las acciones de su antecesor”, Néstor Kirchner.

Agencia NA

La Oficina Anticorrupción (OA) pidió al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en la que está procesada la expresidenta Cristina Kirchner.

El pedido formal que presentó la oficina que encabeza Laura Alonso alcanza también al exministro de Planificación Julio de Vido; el empresario Lázaro Báez; los exsecretario y subsecretario de Obras Públicas José López y Abel Fatala y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner.

Para la OA, todos ellos formaron parte de "una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

En este sentido, la presentación evalúa que la exmandataria "continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional".

"Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial", planteó la OA.

El escrito señala que de esta forma, durante su gestión presidencial la senadora electa "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad".

Por esa razón, consideró que Cristina Kirchner es "coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz".

Respecto de este punto, la OA aclara que "en total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos".

La OA sostuvo en su presentación que ese "entramado delictivo" tuvo como objetivo "beneficiar a Lázaro Báez" y aseguró que el primer paso fue "la formal conversión" de Báez, "quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, en empresario de la construcción".

En este sentido, afirmó que el 8 de mayo de 2003, pocos días pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, Báez constituyó la firma "Austral Construcciones S.A." junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.

"Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez", concluyó la presentación.