Avanzará esta semana la ley para pagarles los juicios a los jubilados
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Agencia NA
La Cámara de Diputados tratará el miércoles, en una sesión ordinaria, el proyecto de ley ómnibus que establece el pago de la deuda histórica de la ANSES con los jubilados y un régimen de blanqueo de capitales, que el oficialismo espera que sea aprobado con un amplio acompañamiento de la oposición.
El interbloque Cambiemos, que reúne a las tres principales fuerzas de la alianza de gobierno, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI y cuenta con 87 diputados, se garantizó el apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada de los bloques que lideran los peronistas Sergio Massa (36 bancas) y Diego Bossio (17).
De esta manera, el oficialismo reuniría el número suficiente para que el proyecto obtenga la media sanción, pese a que la primera minoría de la Cámara baja, el bloque Frente para la Victoria-PJ (87 diputados), votaría en contra.
El apoyo del interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA), de Massa, y del Bloque Justicialista, de Bossio, quedó confirmado luego de que el jueves firmaron junto a los diputados de Cambiemos el dictamen de mayoría sobre el proyecto en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
El Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores pasivos por la falta de actualización de sus haberes conforme marca la ley y a distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durará tres años, pero su vigencia podrá ser prorrogada por el Congreso por otros tres más, aunque el gobierno de Mauricio Macri prevé pagar en dos años la deuda con los 2,4 millones de jubilados.
De ese universo de jubilados, hay tres grupos: quienes ya tienen una sentencia firme a su favor por planteos judiciales sobre la falta de actualización de sus haberes; quienes le iniciaron juicio a la ANSES pero aún no obtuvieron fallo, y quienes están en condiciones de reclamar el pago de la deuda, pero no realizaron ninguna acción judicial.
Según la ANSES, los del primer grupo tendrán una mejora en sus haberes mensuales del 50% (es decir que si cobran 10.000 pesos, una vez homologado el acuerdo para el pago de la deuda pasarán a cobrar 15.000 pesos); los del segundo grupo, del 40%, y los del tercer grupo, del 35%.
El Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos que suman en la actualidad 770 mil millones de pesos, mientras la deuda por sentencias firmes alcanza a 50 mil millones de pesos, a la que se añade un flujo anual de 75 mil millones.
La ley ómnibus cuenta con un anexo en el que se formaliza el acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y los gobernadores para devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal que la Nación les retiene a las provincias para financiar la Anses.
Esta devolución será en cinco cuotas anuales del 3% cada una.
A su vez, la ley también establece un mecanismo de pago del Estado nacional de una deuda que mantiene con 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Anses durante los años 90 y una moratoria para las restantes 11 provincias que sí transfirieron sus cajas previsionales y que mantienen un pasivo con la Nación en concepto de aportes patronales.
El proyecto también autoriza a vender acciones que la Anses tiene en empresas privadas.
Estas acciones representan el 9,2% del FGS .
El blanqueo
La otra gran fuente para financiar el pago a los jubilados
Una segunda fuente principal para el pago de la deuda previsional será lo recaudado por el régimen de blanqueo de capitales, que es el otro gran capítulo de la ley ómnibus que este miércoles se tratará en la Cámara de Diputados.
La pauta de recaudación del blanqueo de capitales que maneja el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es de 20 mil millones de dólares, aunque estiman que podrían recaudar aún más.
El proyecto crea, además, la Pensión Universal para la Vejez, que supone el 80% del haber mínimo jubilatorio para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
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