Después de las leyes Blumberg, ¿qué?
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El fracaso de los aumentos en las penas impulsados por el empresario Juan Carlos Blumberg para combatir la inseguridad es una visión que comparten diputados oficialistas y opositores.
Ambos sectores coinciden en que el incremento de las condenas, impulsado por el titular de la Fundación Axel tras el crimen de su hijo (2004), no sirvieron para frenar la inseguridad.
"Con las leyes que tenemos, es suficiente; en realidad, hay en exceso", afirmó Jorge Yoma (Frente para la Victoria).
"Cuando hay problemas, se pide, en general, legislación represiva, pero el Código Penal actúa cuando el delito ya se cometió. La reforma Blumberg fue un gran mamarracho porque desequilibró el Código Penal", agregó.
El legislador riojano adujo, por ejemplo, que la tenencia de celulares truchos superaban en años de prisión a delitos graves como la violación de menores.
Gustavo Ferrari (Unión Celeste y Blanco) explicó la situación desde la teoría económica del delito. "En la Argentina, el costo de incurrir en esa ilegalidad tiende a cero. Es lo contrario de lo que pasa en los países más seguros, donde te detienen, te condenan y la condena se cumple. El malviviente sabe que hay tres cosas que le suceden", dijo.
--¿Cuál es la salida?
--Desarrollar una política de seguridad combinando cuatro factores --la policía, la ley, la justicia y el sistema carcelario-- para que funcionen armónicamente. La solución no es exclusivamente legislativa sino que pasa por una decisión política.
Para Paula Bertol (Pro), los motivos de la inseguridad no están resueltos y descartó subir las penas, redactar más leyes o aumentar el número de policías.
"En el caso de la Capital Federal, la deuda es del gobierno nacional que incumple la cláusula transitoria de la llamada ley Cafiero para el traspaso de la policía y de los recursos", reflexionó.
El santafesino Carlos Comi (Coalición Cívica) descree de recurrir a mayor dureza. "Hay una crisis de seguridad, pero las leyes Blumberg fueron un modelo que fracasó. Se pensó que al engrosar las penas se podía disuadir al que piensa en delinquir, pero el delincuente no lee los códigos penales", se sinceró.
Como remedio, propuso un acuerdo parlamentario para descentralizar las fuerzas de seguridad e ir hacia un esquema de policías municipales.
"En esta materia, se espera que la iniciativa parta del Poder Ejecutivo, más allá de que el Congreso fija un marco de leyes que regula los instrumentos", consideró Manuel Garrido (UCR) para, seguidamente, pronunciarse contra el aumento de penas.
Victoria Donda (Frente Amplio Progresista) se quejó del Senado: "cajonea", según sus palabras, el proyecto para crear un ente autárquico que controle las cárceles, comisarías e instituciones donde haya personas privadas de libertad y que incluye a psiquiátricos e institutos de menores.
"Este gobierno tiene una contradicción: por una supuesta reinserción social, deja salir a cualquiera para participar de actos político-culturales cuando, por otro lado, las cárceles son lugares donde sistemáticamente se aplican tratos crueles", descargó.
La mayoría recordó que, a instancias de la Casa Rosada, se trabaja en la reforma del Código Penal, convocándose a una comisión de especialistas que trabajarán sobre algo similar a lo hecho con el Código Civil.