Mejorar la red vial

Redacción de La Nueva.

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 La red vial del país, tanto la nacional como las provinciales, lleva varios años de estancamiento. Es necesario salir sin demora del estado de postración e inseguridad que la agobia, creando verdaderas fuentes de trabajo en el menor tiempo posible. Hay que combatir el hambre y la pobreza extrema en que han caído millares de argentinos para los que no se han encontrado aún las posibles salidas laborales que produzcan el cambio tan esperado.

 Una solución posible para generar trabajo en gran escala estaría en la construcción de obras camineras en todo el país y, al mismo tiempo, adaptándolas a las necesidades actuales, lo que provocaría un boom en el ciclo económico. La infraestructura existente es obsoleta, con numerosas rutas abandonadas, sin mantenimiento, en estado de emergencia tanto en la red nacional como en las provinciales, con pavimentos destruidos y carentes de banquinas pavimentadas.

 Para revertir tan graves problemas, sería necesaria la sanción de una ley del Congreso que estableciera que todas las rutas de la red nacional deberán adaptarse en el menor tiempo posible a la exigencia de contar, como mínimo, con dos carriles independientes, con sus correspondientes banquinas pavimentadas, con lo que se reducirían a un mínimo los accidentes de tránsito y el usuario se sentiría mucho más seguro que en la actualidad. Las mencionadas banquinas deberán ser utilizados solamente para estacionar, de ser necesario, y no para transitar como ampliación de la carpeta asfáltica.

 La ruta 14, que absorbe el mayor tráfico con Brasil, es una verdadera trampa por los accidentes que con tanta reiteración ocurren. La autovía Nº 2 será la contracara. Desde que se construyó el otro carril, los accidentes casi han desaparecido. Es obligación del Estado velar por la seguridad vial en las rutas habilitadas.

 Estamos en este momento en una situación especial, al haberse dispuesto la renovación de los contratos de mantenimiento de rutas nacionales mediante el sistema de peajes, que perciben las empresas adjudicatarias. El gobierno, por medio de la institución o ente responsable de manejar y hacer realidad estos emprendimientos, efectuaría los estudios, proyectos, licitaciones y adjudicaciones respectivas; así también velaría por el cumplimiento de los pliegos correspondientes. El país cuenta con profesionales muy competentes para ser convocados en la emergencia y no necesitaría recurrir a ninguna clase de consultoras, como se estilaba corrientemente.

 Los trabajos y su financiamiento se encomendarían a empresas concesionarias, que también tomarían a su cargo el mantenimiento y la explotación del servicio por el término que se fijase en cada caso para la construcción, la conservación y la explotación del servicio. Las firmas adjudicatarias empezarían a percibir el costo de las obras: primero, con el cobro del 100% del peaje que se establezca de conformidad con el ente controlador interviniente, durante un término no inferior a 50 años contados a partir de la habilitación de la obra; segundo, se aplicará un impuesto a la nafta, aceites lubricantes y gasoil consumidos en medios de transporte carretero, a cobrarse a la salida de destilería y a distribuir entre los concesionarios en relación con los respectivos peajes percibidos; tercero, se agregará otro impuesto a la plusvalía de las propiedades frentistas, aplicado hasta 5 km a cada lado de la ruta en forma decreciente. Este impuesto se volcaría íntegramente a favor de los concesionarios, hasta completar el costo total de cada obra concesionada.

 Las licitaciones se harían a nivel internacional y significaría, además de brindar trabajo a mucha gente, desde profesionales a obreros comunes en variados estamentos, el ingreso de capitales extranjeros genuinos que, sin duda, quedarán incorporados definitivamente al país, con un gran parque de maquinarias y tecnología de avanzada. Este proyecto tendría un efecto multiplicador sobre las provincias, que encontrarían una posibilidad para mejorar sus estructuras viales. Lo interesante de esta fórmula de financiar las obras utilizando el peaje haría posible realizar y mantener una cantidad de rutas nuevas y mejorar las ya existentes, sin tener que recurrir a fondos del Estado, motivando la inversión externa en bienes públicos, que se incorporarían al patrimonio del país.

 Finalmente, cabe recordar como antecedente que la provincia de Buenos Aires, en la década del 40, llevó a cabo con éxito el que denominó Plan de los Setenta Millones, importe invertido para construir las primeras rutas pavimentadas de su red vial, con la aplicación de un impuesto que se inició con unos centavos por litro de nafta, al que se agregó otro gravamen a las plusvalía de las propiedades frentistas.

 El ingeniero Antonio A. La Frossia reside en Mar del Plata.