El abuelo de Agostina Vega fue internado en el mismo hospital que la madre de la adolescente asesinada
Miguel Heredia debió ser asistido este sábado.
Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega -la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba- debió ser internado en el mismo hospital en el que se encuentra su hija, madre de la joven, Melisa Heredia.
El familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica que acudieron a la derivación al Hospital San Roque, ubicado en la ciudad de Córdoba.
Mientras se aguarda por un parte médico oficial que sería difundido en las próximas horas, la descompensación ocurrió en el marco de una supuesta denuncia, por parte de la familia, por amenazas recibidas en donde les habrían advertido que les prenderían fuego la casa.
Por su parte, Melisa se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en la que aún pedían por la aparición de Agostina.
Passerini reconoció fallas en Córdoba y ordenó revisar antecedentes del personal
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, admitió graves falencias en los filtros de contratación de la comuna luego de conocerse que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. El jefe comunal asumió la máxima responsabilidad política por el quiebre de los sistemas de alerta y confirmó el desplazamiento de funcionarios de su gabinete.
La vinculación del imputado con la estructura pública generó un fuerte impacto institucional y una oleada de advertencias sobre otros agentes con causas judiciales pendientes. Según reveló el propio mandatario, la intendencia recibió más de 200 avisos referidos a trabajadores que cumplirían condenas vigentes en diversas reparticiones, lo que motivó un requerimiento masivo de datos para evaluar cada situación de manera particular.
Como respuesta directa a la crisis, el Ejecutivo local enviará un proyecto de reforma laboral al Concejo Deliberante. La iniciativa parlamentaria estipula que todos los empleados municipales presenten sus certificados de antecedentes penales cada seis meses, modificando sustancialmente la normativa actual que solo exige dicho documento cada cuatro años. Además, el texto prevé la aplicación obligatoria de test de consumo de estupefacientes para la totalidad de la planta, con un enfoque de asistencia médica y tratamiento en lugar de criterios punitivos. (N/A)