Obras sociales sindicales: alertan por una crisis “casi terminal”
La CGT advirtió sobre el fuerte desfasaje entre ingresos y costos, el impacto de la caída salarial y la presión de nuevos afiliados. Crecen las dificultades para sostener prestaciones y garantizar la atención.
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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.
En medio de la tensión institucional con el Gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encendió una señal de alarma sobre uno de los pilares históricos del sistema de seguridad social: las obras sociales sindicales.
A través de un informe, la central obrera describió un escenario crítico que, según sus propias palabras, configura una “crisis grave, casi terminal”, con entidades que ya no logran garantizar prestaciones básicas y dependen del auxilio directo de los sindicatos para evitar la cesación de pagos.
“La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, advirtió el documento.
El núcleo del problema es un desajuste estructural entre lo que ingresa y lo que cuesta sostener la cobertura médica. Actualmente, el sistema recauda en promedio $67.525 por afiliado, mientras que el valor estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO) ronda los $85.000 per cápita.
La brecha, cercana al 25%, deja a la mayoría de las obras sociales en una situación financiera frágil. Según la CGT, más de 9 millones de beneficiarios —el 67% del total— se ubican por debajo del promedio de aportes, lo que profundiza el desequilibrio.
“El sistema no recauda lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones”, sintetiza el informe.
El deterioro no se explica solo por ese desfasaje. Las obras sociales dependen directamente de los aportes salariales —equivalentes al 9% del sueldo—, en un contexto en el que los ingresos de los trabajadores acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%.
Al mismo tiempo, los costos del sistema de salud crecen por encima de la inflación general. Prestaciones médicas, medicamentos e insumos registran aumentos sostenidos, lo que agrava la ecuación económica.
El resultado es un sistema cada vez más tensionado, con dificultades para sostener la cadena de pagos a prestadores.
La crisis ya tiene efectos concretos sobre los afiliados. Según la CGT, el deterioro financiero se traduce en:
--Aumento de los tiempos de espera para acceder a estudios y tratamientos
--Caída en la calidad de la atención médica
--Conflictos con prestadores por atrasos en los pagos
--Reducción en el acceso a medicamentos
En este último punto, el informe recuerda que entre 2018 y 2023 la capacidad de compra de fármacos cayó en promedio un 49%, tendencia que continúa en la actualidad.
El “agujero” del sistema
Otro de los factores que presionan sobre las cuentas es la incorporación de afiliados con aportes bajos en relación al costo de cobertura.
En el caso de los monotributistas, el aporte ronda los $20.000, lo que representa un ingreso hasta 290% inferior al costo del PMO. A esto se suma que, según la CGT, muchos de estos afiliados presentan mayores necesidades de atención médica.
“A la situación general debemos soportar el agujero financiero que nos produjo la incorporación de monotributistas”, señala el informe.
Una situación similar se da con los jubilados. Las obras sociales reciben transferencias del PAMI por unos $48.269 por afiliado, muy por debajo de los aproximadamente $159.000 que recauda el organismo.
“Por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”, cuestionaron desde la central obrera.
El diagnóstico se completa con un escenario institucional complejo: algunas obras sociales ya fueron dadas de baja, otras atraviesan crisis severas —como las de la construcción y la pesca— y varias se encuentran intervenidas, como las de trabajadores rurales y ladrilleros.
Además, el sistema está bajo revisión en medio de cambios impulsados por el Gobierno, que incluyen la fragmentación de estructuras como IOSFA y el propio PAMI, lo que agrega incertidumbre sobre su futuro.
Un modelo en discusión
El informe de la CGT no solo advierte sobre una coyuntura crítica, sino que pone en debate la sustentabilidad de un modelo basado en aportes salariales en un mercado laboral cada vez más precarizado.
El crecimiento del trabajo informal y del monotributo, sumado a la caída del salario real, erosiona la base de financiamiento de un sistema que cubre a millones de trabajadores y sus familias.
En ese contexto, la advertencia de la central obrera funciona también como un mensaje político: sin una recomposición de ingresos o una redefinición del esquema de financiamiento, el sistema de obras sociales sindicales enfrenta un escenario de deterioro progresivo, con impacto directo en el acceso a la salud.