Malena Galmarini: “Las cárceles no pueden seguir siendo call centers del delito”
La senadora del Frente Renovador presentó su segundo proyecto, enfocado en prohibir celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses e instalar inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones desde prisión.
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La senadora provincial del FR, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, una medida destinada a frenar las estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde unidades penitenciarias.
La iniciativa plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar el proyecto.
La propuesta establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, al tiempo que contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la senadora.
En ese sentido, Galmarini remarcó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias. “No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, señalaron desde el equipo de la legisladora.
El proyecto también prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó