La historia de cómo se gestó el primer puerto autónomo del país

Redacción de La Nueva.

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A comienzos de los '90 casi todos sabían que tener un puerto autónomo iba a ser un paso adelante, que estos muelles estaban llamados a ser los mejores del país y que con manos locales el despegue sería una realidad a corto plazo.

Y no hubo que ser un estadista para avizorar con certeza lo que iba a pasar: nadie, absolutamente nadie, podía llegar a manejar estos muelles peor que el gobierno nacional.

Burocracia, lejanía y hasta desinterés frenaban por entonces las posibilidades de crecimiento del sistema portuario regional.

Eso sí, ese Estado Nacional que se había mostrado muchas veces indiferente, algunos años antes de la creación del Consorcio de Gestión había sentado las bases de su crecimiento.

Una obra vital

La obra que permitió dar vuelta con todo lo actuado y generar el desarrollo había sido decidida y encarada por el gobierno de Raúl Alfonsín: el dragado a 45 pies en el canal de acceso y sitios interiores.

Los trabajos se iniciaron en 1989 y finalizaron en 1992.

Ese año, el 3 de junio, el Estado Nacional autorizó la transferencia del Estado Nacional a las Provincias y un año más tarde, el 1 de septiembre, por el se creó el Consorcio de Gestión e Ingeniero White pasó a ser el primer puerto autónomo del país.

La transformación

A partir de la década del 90, con el primer directorio encabezado por José Egidio Conte --alguien nacido, criado y formado en esos muelles-- se inició un proceso de transformación que despertó el asombro de otros puertos.

Inicialmente se trabajó en la modernización del puerto luego de años de abandono estatal, alcanzando los más altos estándares internacionales para incrementar las operaciones.

El sistema de cargas a granel fue el puntapié inicial de esta estrategia, sobre todo con los despachos de granos a Brasil.

Al mismo tiempo se tercerizaron actividades mediante concesiones y privatizaciones donde el Consorcio actuó como locador de personal.

Todo esto hizo que se registrada un crecimiento sostenido.

Dichas mejoras lo llevaron a ser, en 1994, el principal puerto exportador del país de cereales y subproductos. Por Bahía salieron 3 millones de toneladas, mientras que el total del país rondó los 11 millones.

La transformación económica de la década significó también un momento de fuerte vinculación al capital internacional, a partir de la radicación en el país de compañías multinacionales que operaron básicamente en el rubro industrial y en los servicios.

"Estos capitales llegaron atraídos por las reformas que propiciaron las leyes impulsadas por el ministerio de Economía a partir de 1991", sostuvo en un informe Claudio Conte, secretario general del Consorcio en aquel entonces.

"Este proceso tuvo una fuerte repercusión en la ciudad, ya que de ser predominantemente boca exportadora de la producción de su hinterland rural vio cómo nuevas actividades comenzaron a generar otro tipo de productos, tendencia que se consolidaría en la segunda mitad de los 90", agregó.

1995 no fue solamente el año de los buenos números, ya que durante el mismo se aprobó el “Plan Director del Puerto”.

Éste considera como sus principales objetivos la expansión en tierras; la continuidad de la capacitación a trabajadores, empleados y terceros; la detección de posibles ejes de expansión; el crecimiento armónico y ordenado, la mejora de las vías de comunicación; el incremento de cargas generales, convencionales y contenedores; y un proyecto de zonificación del área portuaria.

Luego vendría un aluvión de inversiones en el área portuaria  e industrial, sobre todo con la instalación de Profertil y Mega en el sector de tierras ganadas al mar conocido como Cangrejales.

Aún no dejan de llamar la atención de propios y extraños los motivos que llevaron a la concesión de franjas tan anchas de terreno paralelas al mar, quitando la posibilidad de sumar más fábricas con muelle propio.

Sin embargo, algunos especialistas consultados por este diario coincidieron en que las medidas adoptadas se corresponden con una actividad que cada vez requiere buques más grandes para operar.

Hacia fines de 1997 se firmó el contrato con la firma Lockheed Martin Co. para la implementación de un sistema de control de tráfico marítimo (VTS).

"Significó un incremento en la eficiencia y seguridad a partir de la vigilancia táctica por medio de radar", dijo Conte.

Además se realizó un convenio con el Servicio de Hidrografía Naval para perfeccionar el balizamiento del canal de acceso, tareas que fueron solventadas por el Consorcio de Gestión.

Por otro lado, se suscribió un acuerdo con Prefectura Naval Argentina para la extracción de cascos hundidos, liberando así sitios utilizables.

Poco después, en 1999, se decidiría la concreción de otro de los grandes desafíos: el muelle multipropósito.

Los trabajos se demoraron por la crisis del 2001, pero fueron inaugurados en 2005 con la habilitación de un muelle de 300 metros de largo apto para la carga y descarga de contenedores.

De esta manera, con una inversión de 12 millones de dólares, el puerto sumaba un espacio para las exportaciones regionales que antes, al no ser a granel, no podían embarcarse.

Otra de las acciones para destacar fue la compra del muelle y las tierras vecinas a la usina Luis Piedrabuena.

"Esta operación permitió ampliar la superficie disponible casi al doble, ya que se obtenían 60 hectáreas y la posibilidad de lograr otras tantas a partir del refulado del predio lindante. Además, una nueva terminal de embarque se agregaba a las que el consorcio disponía. Ese mismo año se tomó control del exmolino harinero de Puerto Galván, para refuncionalizarlo y volverlo a la producción", explicó Conte.

La cadena de éxitos luego siguió con la creación del Ente Bahía Blanca Coronel Rosales (ZFBBCR), en 1999, aunque si materialización comenzó a instrumentarse mucho después.

Otros éxitos para destacar incluyeron una nueva posta de inflamables en puerto Galván, que comenzó a operar en 2016 y algunas obras menores destinadas a mejorar la relación entre los bahienses y el mar.

Entre estos trabajos se destacaron los que pusieron en valor el sector comprendido entre el muelle Ministro Carranza, Puerto Piojo, el nuevo Balcón al Mar y el Paseo Portuario, entre muchos otros.

La historia previa

Argentina cuenta con un litoral marítimo de 4.000 kilómetros de extensión y tiene además dos grandes ríos navegables, el Paraná y el Uruguay, que antes de unirse y formar el Río de la Plata recorren zonas de gran producción tanto industrial como agropecuaria.

Con el tiempo, las necesidades de comunicación y transporte fueron generando un desarrollo portuario que incluye actualmente más de un centenar de puertos que se pueden clasificar en dos grandes tipos: los fluviales --desde Puerto Iguazú hasta Puerto La Plata-- y los marítimos --desde Puerto Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires hasta Puerto Ushuaia, en Tierra del Fuego--.

En el año 1956 se creó la Administración General de Puertos con carácter de Empresa del Estado poniendo bajo su responsabilidad la explotación y administración de la totalidad del sistema portuario nacional, a excepción de unos pocos muelles privados, generalmente relacionados con alguna actividad industrial específica.

En 1979 se dictó la Ley N° 22108 sobre Instalaciones Portuarias de Elevadores de Granos, que permitió la existencia de terminales privadas para este tipo de mercaderías.

Bajo su amparo surgieron un gran número de instalaciones construidas y administradas por particulares, la mayor parte de ellas ubicadas sobre el tramo inferior del río Paraná.

Estas nuevas instalaciones dotadas de una tecnología de avanzada y una alta eficiencia en el manipuleo de la mercadería, absorbieron rápidamente la mayor parte del tráfico de cereales y subproductos del país, desplazando de dicha posición a la Junta Nacional de Granos, hasta ese entonces el único ente autorizado para desempeñar dicha actividad.

El surgimiento de estas nuevas instalaciones portuarias y la necesidad de dotarlas de un régimen legal fueron creando la conciencia de la necesidad del dictado de una Ley de Puertos que sirviera como marco de referencia para el ordenamiento del sistema existente y el desarrollo de la actividad futura.

Este proceso sufrió una aceleración durante la década del '90, al enmarcarse el tema portuario en las políticas generales de transformación del estado que se llevan adelante.

Así, en el año 1992, el gobierno dictó la Ley N° 24093, conocida como Ley de Actividades Portuarias, que tiene que ver, con todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio nacional.

Dicha Ley, en su artículo 11°, autorizó la transferencia de los puertos de propiedad del estado nacional a las provincias en las que se encuentren situados, y en el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Santa Fe, el artículo 12° estableció que previo a la transferencia deberían constituirse sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrían a su cargo la administración y explotación de cada uno de esos puertos.

Estos entes debían organizarse asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad.

También deberían estar representados la provincia y los municipios donde se encuentre emplazado el puerto.

Esta condición previa fue cumplimentada por la Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley N° 11414, creando el consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca como entidad de derecho público no estatal que tiene a su cargo la administración y explotación de la zona portuaria de Bahía Blanca.

De esta manera, el Puerto de Bahía Blanca fue el primero de los puertos mencionados en el artículo 12° de la Ley de Actividades Portuarias en constituir su ente administrador y, por dicha razón, a partir del 1° de setiembre de 1993 se constituyó en el primer puerto autónomo de la República Argentina, liderando el proceso de transformación del sistema portuario argentino.