Prohibición de difundir audios de Karina Milei: "Es censura previa", dijo un exjuez de la Corte

Redacción de La Nueva.

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Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manifestó hoy su “profunda desilusión” frente a la medida cautelar que dispuso un juez de primera instancia para prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. “Es un caso de censura previa”, afirmó.

En el streaming La Voz en Vivo, del diario cordobés La Voz del Interior, Maqueda explicó que, desde su condición de exjuez y de alguien “apegado a la Constitución y al derecho constitucional”, no podía más que lamentar la decisión.

Señaló que, tras leer la sentencia, lo invadió el desencanto de comprobar que “un hombre de la justicia haya hecho esto”, dado que el fallo comienza con un desarrollo sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema en favor de la libertad de expresión y luego “hace un giro copernicano y justifica por qué da lugar al pedido de una medida cautelar”.

Maqueda consideró que se trata de un hecho inédito dentro de la jurisprudencia argentina en materia de libertad de prensa, insistió que era censura previa y confió en que el error será corregido.

“Tengo plena confianza en que puede ser revocado en instancias superiores. Y si esto llegara a la Corte Suprema, no me cabe ninguna duda de que se aplicará la jurisprudencia centenaria que se tiene en materia de libertad de expresión”, argumentó.

El exjuez hizo un repaso sobre la jerarquía de la libertad de expresión. Recordó que la Constitución argentina tomó como modelo la Primera Enmienda de los Estados Unidos, lo que le dio a la libertad de prensa el peso de una garantía especial.

“La garantía es que la libertad de prensa es absoluta”, afirmó, aunque aclaró que no se trata de un derecho absoluto como dogma: en caso de agravios, los afectados pueden reclamar por la vía civil y no penal.

Lo que no está permitido, subrayó, es la censura previa, ya que está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, en el Pacto de San José de Costa Rica y en los tratados internacionales. Y agregó que este derecho no es solamente el de los periodistas a difundir información, sino también “el derecho de la gente a estar informada”, un pilar republicano tan esencial como la independencia del Poder Judicial.

Consultado por los antecedentes del juez Alejandro Patricio Maraniello que dictó la cautelar, acusado en distintas causas de inconducta y de acoso sexual, Maqueda respondió que no lo conocía personalmente y que había leído la información en los medios.

Lo definió como una persona “susceptible en este momento a cualquier tipo de especulación” y evitó pronunciarse sobre su situación personal, aunque sí remarcó que la decisión judicial “crea incertidumbre en la sociedad” y abre la puerta a interpretaciones políticas.

Desde un plano más ciudadano, expresó su pesar porque “quienes se jactan de haber venido en nombre de la libertad (por el gobierno de Javier Milei) atenten contra una libertad tan esencial como es la libertad de expresión, que es la primera de las libertades”.

Maqueda también fue consultado por los pedidos del Gobierno de realizar allanamientos a periodistas y secuestrar elementos de trabajo, como discos duros y computadoras.

Para el exjuez, la gravedad es indiscutible. Recordó que ya en 1853 la Constitución incluyó la protección de la libertad de prensa y que en la reforma de 1994 se incorporó la protección del secreto de las fuentes. Olvidar eso, sería “pasar por encima de la letra de la Constitución”.

Respecto de la validez judicial de los audios en cuestión, explicó que existen dos posiciones teóricas. Una de ellas es la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que establece que si el proceso está viciado de origen, todo lo posterior debe anularse. La otra sostiene que, incluso si se desconoce el origen de los audios, fiscales y jueces tienen la obligación de investigarlos para alcanzar la verdad real.

De todos modos, Maqueda evitó tomar partido y recordó que durante 22 años se acostumbró a hablar “con el expediente a la vista”. En este caso, dijo, no puede hacer más que un análisis teórico.

La entrevista abordó también las sospechas de espionaje de los servicios de inteligencia sobre funcionarios del propio Gobierno. “Estoy espantado con esa situación”, reconoció.

Trajo a colación un caso que llegó a la Corte Suprema en el que se probó que los servicios habían espiado a un abogado común y subrayó que el tribunal en ese momento se expidió de manera contundente contra la violación de la Constitución y de las leyes. Para él, lo ocurrido ahora refleja una “extralimitación de funciones que, lamentablemente, suele ser bastante normal en los servicios de inteligencia”.

En un terreno más comparativo, evocó el histórico caso de los “Papeles del Pentágono” en Estados Unidos, cuando el gobierno de Richard Nixon intentó frenar la publicación de documentos sobre la guerra de Vietnam. Señaló que la disputa llegó hasta la Corte Suprema norteamericana, que entonces integraba la llamada Corte Warren.

Recordó que esa misma corte había dictado fallos señeros, como el que puso fin a la segregación racial en la década del cincuenta o el célebre Roe vs. Wade sobre el aborto. También dictó el caso New York Times vs. Estados Unidos, donde por mayoría se estableció que “la mejor forma de preservar la libertad de prensa era que no hubiera ninguna ley que la reglamentara” y que el argumento de la seguridad nacional no era suficiente para impedir que el pueblo conociera la verdad.

El exjuez también rememoró el antecedente argentino del caso de Tato Bores en 1992, cuando la jueza María Romilda Servini de Cubría dispuso censura previa y se generó una reacción masiva de artistas, periodistas y ciudadanos en defensa de la libertad de expresión.

“En aquel momento estábamos viviendo en plenitud una joven democracia y la gente reaccionó. No solamente la gente, sino también el medio artístico y los formadores de opinión. Hubo una reacción popular. Ojalá hoy estuviéramos en lo mismo, pero lamentablemente tengo mis dudas”, expresó. (Fuente: La Voz del Interior)