La “casa de Cerati” y un crimen de hace 41 años: ¿por qué prescriben los delitos?

Redacción de La Nueva.

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​​​​​Después de un tiempo determinado -varía según la gravedad del caso- hay delitos que ya no pueden ser juzgados y se produce lo que se conoce como prescripción de la acción penal.

Ese instituto extingue la responsabilidad penal del acusado de haber cometido un ilícito tipificado en el Código Penal.

¿Por qué existe este plazo? La prescripción tiene relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas.

El artículo 62 del Código Penal fija en 15 años la prescripción para delitos cuya pena fuera la de prisión perpetua (por ejemplo, los homicidios calificados) y no más de 12 años para otros hechos graves (homicidios simples, violaciones, robos calificados).

Esa escala disminuye progresivamente cuando el tipo de delito es más leve.

Y la ley también prevé excepciones y establece algunos delitos que son imprescriptibles: el genocidio (exterminio sistemático de conjuntos humanos por motivos de raza, religión, política, etnia o nacionalidad), de lesa humanidad (acciones graves que tienen por fin lastimar a la humanidad colectivamente), delitos contra bienes y personas en situación de protección (durante el desarrollo de los conflictos armados) y terrorismo (cuando el acto delictivo conlleve la muerte de alguna persona).

Esta introducción técnico-legal sirve para explicar por qué motivo no se puede avanzar, desde el punto de vista penal, con el resonante caso descubierto en mayo en la propiedad lindera a la que ocupara durante algunos años el músico Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan.

El hallazgo accidental de los restos de Diego Fernández Lima, quien estaba desaparecido desde el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años, generó una conmoción social.

Es que cuando el 20 de mayo pasado, un grupo de obreros trabajaba en la vieja casona que en algún momento ocupó el líder de Soda Stéreo, encontró el cadáver en una fosa al desprenderse parte de la medianera.

La ciencia forense hizo el resto: confirmó la identidad y que había sido víctima de un homicidio.

La noticia provocó mayor impacto cuando trascendió que la casa donde aparecieron los restos estaba ocupada por un compañero de escuela de Diego, Cristian Graf, quien quedó bajo la lupa de las sospechas.

El caso -como si fuera un trhiller de ficción- generó expectativa en la sociedad y la creciente necesidad de conocer la verdad, de saber qué pasó, aunque lamentablemente no habrá sanciones penales ante la eventual hipótesis de encontrarse al culpable del crimen.

De todas maneras, la fiscalía que tiene a su cargo el expediente, más allá de avanzar en la idea de pedir un juicio por la verdad, impulsó en los últimos días la imputación de Graf por los delitos de encubrimiento agravado en concurso ideal con supresión de evidencia.

A partir de lo que declararon los obreros que encontraron los resos óseos debajo de una ligustrina que funcionaba como medianera vegetal, los investigadores creen que el hombre presentó actitudes omisivas y temerosas, además de conferir mentiras y contradicciones tendientes a entorpecer la investigación.

Los operarios dijeron que en todo momento estaba presente y lo notaban preocupado, apelando a distintas versiones.

Primero pidió que no tocaran un árbol pequeño ubicado al lado de un bananero, después dijo que en su casa pudo haber una iglesia y que los curas podrían haber enterrado gente, después aludió a un establo y, por último, que tuvieron que nivelar el terreno y, al pedir la tierra, los huesos pudieron haber estado en el camión.

Javier, hermano de la víctima, ya adelantó que buscará impulsar la denominada "Ley Diego", inspirada en la "Ley Piazza", que extendió los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia.

"Me encantaría que sirva a otros familiares de desaparecidos. Que la ley vaya con todo el peso, que paguen por el daño que hicieron", dijo.

El planteo parece atinado y la pregunta que surge es ¿por qué no se modifica la ley para ampliar los plazos de prescripción?

"Hasta por una cuestión demagógica se podría tomar la medida. Quién va a estar en contra de que se investiguen delitos descubiertos muchos años después de cometidos, salvo los autores de los mismos", se preguntó, con lógica, un abogado especialista en Derecho Penal consultado por La Nueva.

En el caso de los abusos sexuales, hasta 2011 la prescripción comenzaba a correr al momento en que se había cometido el hecho, con lo cual muchos delitos quedaban impunes porque las víctimas no podían confesar, lo hacían tarde o estaban bajo amenazas de sus victimarios.

Desde esa fecha, con la llamada "Ley Piazza" -la 26.705, impulsada por el modisto- se tomaba como punto de inicio cuando la persona afectada cumpliera los 18 años.

En 2015 se volvió a modificar (ley 27.206) y se dispuso que el plazo de prescripción empiece a correr recién cuando la persona afectada (víctima como menor de un delito sexual) denuncie, independientemente de su edad.

Esto quiere decir que alguien que hoy tiene 40 años puede denunciar un hecho sufrido a los 15, sin impedimento legal.