Administrativo y de perfil académico: quién es el nuevo procurador del Tesoro Nacional
Luego de dudas sobre quién tomaría el lugar, el nombre de Santiago Castro Videla será el que ocupará el puesto. Es egresado de Derecho y no tiene experiencia en el Poder Judicial.
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El Gobierno anunció al que será el nuevo procurador del Tesoro Nacional, tras la ida de Rodolfo Barra. Se trata del abogado Santiago Castro Videla, dedicado al derecho administrativo, aunque sin experiencia en el Poder Judicial ni en la carrera en la Procuración.
Discípulo del exjuez Ricardo Rojas, Castro Videla tiene 44 años y es egresado de Derecho en la Universidad Austral (2005).
Obtuvo un magister en Derecho Administrativo y un diploma en Derecho Constitucional Profundizado, ambos títulos de posgrado en la misma casa de estudios, en 2013 y 2018, respectivamente.
De acuerdo a su currículum, también obtuvo el Premio al Mejor Trabajo de Investigación durante la Carrera de Grado, también en 2005 y el diploma en Reconocimiento a los Valores Humanos. El profesional fue asistente de profesores full time de Derecho Constitucional en su carácter de becario de la Universidad Austral, entre el 2000 y 2003.
También fue profesor de Derecho Administrativo con clases en diversos cursos de posgrado de la universidad en la que se egresó como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, la Diplomatura en Derechos Humanos y el Programa de Agronegocios de la misma institución.
Escribió artículos sobre regulación económica, derecho administrativo y derecho constitucional, además de dos libros: "La delegación legislativa y el Estado Regulatorio" y "Tratado de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción"; ambos en coautoría con Santiago Maqueda Fourcade.
En el ámbito privado, integra el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que asesora y representa a distintas prestadoras de servicios públicos (transporte, gas y telecomunicaciones, mineras, constructoras, empresas industriales y entidades financieras). (Ámbito)