El juez Casanello procesó a Belliboni por los negociados con los planes sociales

Redacción de La Nueva.

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El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Esos fondos fueron desviados para fines partidarios.

Se le dictó además un embargo por $390 millones. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado. El procesamiento alcanzó a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas.

También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.

El juez le prohibió a Belliboni la salida del país y la entrega del pasaporte, la orden de presentarse todos los meses en el juzgado y la obligación de no concurrir a los comedores sociales que están bajo investigación. Lo mismo para Centanni, Lubenfeld, Ortíz, Coego y Mamani.

Se mantienen vigente la inhibición general de bienes respecto del patrimonio, el congelamiento de los productos bancarios y de las cuentas CVU registradas, y el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de las personas físicas, de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda., y de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.

“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron.

Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, dice la resolución de Casanello a lo largo de 168 páginas.

Y añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.

Eduardo Belliboni, líder de la organización social Polo Obrero, asiste a una protesta antigubernamental contra la escasez de alimentos en comedores comunitarios para exigir que el gobierno entregue alimentos en Buenos Aires, Argentina, el jueves 6 de junio de 2024. (Infobae)