La motosierra libertaria se olvidó de pasar por algunos lados

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

La motosierra de Milei pasó por casi todos los rincones del sector público. Pero "casi" no es lo mismo que "todos": en el primer trimestre del año, aunque hubo ajuste en la mayoría de las partidas presupuestarias, apenas un renglón fue el que se salvó, el del gasto tributario, esto es, ingresos que el fisco dejó de percibir por otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación.

El gasto tributario se divide en reducciones tributarias, como el no pago de Impuesto a las Ganancias para algunos jueces y funcionarios del Poder Judicial, y regímenes de promoción económica, como el de Tierra del Fuego.

Aunque tiene su razón de ser en varios casos, ya que el objeto de este tratamiento fiscal es el de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos, en algunos casos puntuales, es bastante controversial.

Es que el gasto tributario representó en 2023 casi el 2,5 por ciento del PBI (0,68% fueron reducciones de impuestos y el 1,81% regímenes de promoción) y lo peor del caso es que no se bajó nada en los primeros tres meses del corriente, cuando sí lo hicieron con las jubilaciones, los salarios de los empleados públicos y las obras de infraestructura, partidas con un elevadísimo impacto social. Los datos son de acceso público y son la base de un informe de la Universidad Austral, cuyos autores son los investigadores de esa Casa de Altos Estudios, Diego Rivas y Lucio Cardinale Lagomarsino.

Los autores del informe demuestran que donde sí hubo un recorte significativo fue en prestaciones de la seguridad social (casi 3 billones de pesos) y transferencias corrientes (unos 2,59 billones) erogaciones que aportaron, en conjunto, el 79% del ahorro fiscal (42% y 37% respectivamente), seguidos por el recorte de la obra pública , que sumó el 9,51% (670.000 millones de pesos). Por último quedaron las remuneraciones de los empleados públicos, con el 6,13% (aproximadamente $ 450.000 millones).

Los especialistas de la Universidad Austral destacan que, en este corto período de gestión libertaria "no se concretaron rebajas significativas de impuestos. Por el contrario, se observaron algunos incrementos (impuesto PAIS, por ejemplo). Si bien la recaudación se redujo en términos reales 4,2% en el primer trimestre del año, esto se debió a la caída de la actividad económica y su impacto en el IVA, eje principal de la recaudación tributaria”.

Rivas y Cardinale resaltan que, de aprobarse la Ley Bases, “se concretaría un aumento del impuesto a las Ganancias de los empleados en relación de dependencia y un potencial ingreso de la recaudación proveniente del blanqueo de capitales, en paralelo con una moratoria y una reducción del peso de Bienes Personales, pero que en lo inmediato podría traer mayor recaudación debido a la posibilidad de adelantar 5 años de este impuesto a cambio de mantener fija la base de tributación”.

Los investigadores de la Austral insisten en la necesidad de revisar el gasto tributario, sobre todo, en el actual contexto de jubilaciones, salarios y obra pública.

"Exenciones fiscales como las de los ingresos de magistrados y el régimen de promoción de Tierra del Fuego representan un 0,51% del PIB, equivalente a una sexta parte del ajuste realizado, pero no se han discutido. Resulta, entonces, imperativo revisar y debatir los beneficios fiscales para ratificar o ajustar privilegios, buscando un equilibrio que minimice el costo social del ajuste fiscal", advierten, para finalizar.