Si baja la inflación, ¿por qué el bolsillo de la gente sigue ajustado?

Francisco Rinaldi

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Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

La inflación se está desacelerando y ese es el principal activo del gobierno: de aquel 25,5 por ciento de diciembre del año pasado, el primer mes de Javier Milei, al actual 2,7 por ciento hay todo un abismo innegable que la calle siente con precios que no cambian con la misma frecuencia e intensidad que en el pasado.

No menos cierto es, sin embargo, que el bolsillo de la gente todavía no alcanza a disfrutar plenamente las ventajas de la mayor estabilidad, menos aún, en una economía donde el ingreso promedio per cápita era de 289.562 pesos al segundo trimestre de este año, de acuerdo con cifras oficiales.

Es muy importante aclarar que la fuente de estos datos, la EPH del INDEC, tiene el pecado original de la subdeclaración de ingresos, ya que se basa en encuestas que se hacen a una muestra representativa, la que tiende a esconder lo que gana en realidad.

De hecho, un estudio reciente de la Universidad Nacional de la Plata (Centro de Estudios Distributivos y Laborales y Sociales) ajustó los niveles de ingresos declarados a la EPH por otras fuentes oficiales de datos y obtuvo que son en promedio de de unos 500.000 pesos por habitante para el mismo período.

En nuestra ciudad, los mismos datos oficiales señalan que la media de ingresos per cápita es de 335.861 pesos mensuales, algo por encima de la nacional (sin ajuste por subdeclaración), pese a que el acotado tamaño de la muestra exige tomarlos con cautela.

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Hechas las aclaraciones, aunque de forma imperfecta, las estadísticas oficiales no hacen más que reflejar los problemas de ingresos que arrastra la mayoría de los argentinos en general y los bahienses en particular, a punto tal que más de tres por cada diez asalariados locales no reúnen dinero suficiente para comprar una canasta de alimentos y servicios básicos, es decir, es pobre.

Al problema de la falta de actualización de ingresos se suma otro: como la inflación es un promedio ponderado, las cifras que se difunden no coinciden con la sensación térmica de la calle.

Aunque a diferencia de malas experiencias pasadas, como la nefasta intervención de Guillermo Moreno en el INDEC, los números que hoy difunde el organismo oficial no están “dibujados”, la falta de actualización de las canastas que se usan para armar el IPC impide que se refleje fielmente el día a día de muchos argentinos.

Esto es así porque la canasta que se usa para elaborar el IPC tiene 20 años de antigüedad y en ese tiempo, los consumos de la gente cambiaron. Por ejemplo, casi la totalidad de los hogares argentinos hoy tiene celulares y conexión a Internet, algo bastante menos usual allá por 2004.

Si se ajustara dicha canasta, los servicios, que aumentaron mucho en los últimos meses, “pesarían” más en la estructura del indice inflacionario oficial (N de R: el IPC se estima en base a porcentajes de gastos de los hogares, que no es otra cosa que cuánto “pesa” cada uno dentro del presupuesto familiar) de forma que las cifras serían más acordes a lo que siente la calle.

Precisamente, la estadística arroja que los servicios (como los que tienen que ver con el mantenimiento de la vivienda y los alquileres, la salud, las tarifas de los servicios regulados, como luz, gas y agua), subieron muy por encima de la inflación general desde que Milei asumió la primera magistratura producto de la desregulación de las tarifas de las prepagas, alquileres y servicios públicos, tal como advierte el periodista Leandro Renou.

En resumen, los datos oficiales del IPC no son incorrectos sino que les faltan correcciones para ajustarse a la realidad actual de las familias argentinas.